El desalojo ocurrido en las instalaciones de la planta Bonafont en Juan C. Bonilla, fue resultado de una orden judicial y no de una decisión del gobierno, afirmó el titular del Poder Ejecutivo, Miguel Barbosa.
En su conferencia de prensa, indicó que el retiro de representantes de la “Casa de los Pueblos” ocurrió luego de 11 meses de haber sido tomada por los pobladores y en el momento en que un juez de control decretó la restitución de las instalaciones a favor de la empresa.
Mencionó que se trató de una diligencia judicial y no de una orden del Gobierno del Estado.
“Lo que sigue es que la empresa restablezca operaciones de manera normal y que cualquier reclamo de las personas se lleven a cabo con el dialogo correspondiente, tiene la empresa que dialogar, autoridades federales igual y nosotros como estado intervenir en el dialogo, si es que es así”.
Integrantes del grupo denominado “Casa de los Pueblos” se apostaron en el lugar desde el 22 de marzo del año pasado, reclamando la sobreexplotación de los mantos acuíferos de la zona.