Nadie podía imaginar que los artífices del baño de sangre que México vivió entre 2006 y 2012 –Facundo Rosas Rosas, entre ellos-, terminarían con órdenes de aprehensión y algunos de ellos sometidos a proceso penal por diversas imputaciones.

De todas, la paradoja más grande es la que envuelve al ex secretario de Seguridad Pública en Puebla y autor de artículos de opinión para algunos medios luego de haber atropellado a una mujer que perdió la vida en el mismo momento del accidente de tránsito en la Ciudad de México.

La diputada de Morena en San Lázaro, Martha Chávez Treviño posee una bitácora del dolor y de lo que hasta el mes de enero, parecía la extendida sombra de la impunidad que dispensa el pasado de oprobio. En el recinto de San Lázaro recordó la masacre de Villas de Salvárcar que costó la vida de 15 jóvenes estudiantes y a quien el jefe del grupo político de entonces, Felipe Calderón, revictimizó cuando puso en duda que los muertos hayan estado ajenos a grupos delictivos en Ciudad Juárez.

Chávez Treviño clamó en medio de un griterío en el salón de plenos que “en el mes de enero, precisamente el día 9 se giraron siete órdenes de aprehensión de las cuales ya han sido efectuadas cuatro de ellas: 1 contra Genaro García Luna, narcotraficante; otra contra Luis Cárdenas Palomino, torturador; otra contra Facundo Rosas Rosas, narcotraficante; otra contra el Chapo Guzmán, narcotraficante y espero que las tres que quedan vayan contra Eduardo Medina Mora, contra Arturo Chávez Chávez y otro contra el espurio, pequeñito, arrogante, autoritario y belicista Felipe Calderón”.

Facundo Rosas, el también ex secretario de Seguridad Pública en Puebla cumple la primera semana de lo que se anticipa, será un largo periodo, en un penal que el clan responsable de ese baño de sangre edificó en 2012, último año de la presidencia del “belicista” Calderón.

Testimonios de la época describen como el penal más grande del mundo en Hermosillo, Sonora a donde fue enviado tras haber sido vinculado al programa “Rápido y furioso” establecido entre los gobiernos de Estados Unidos y México en la época del calderonato.

Rosas Rosas, el funcionario que fue mano derecha de Genaro García Luna, acusado en Nueva York de haber conspirado con el cártel de Joaquín el Chapo Guzmán, condenado a prisión de por vida en aquel país, estuvo en octubre de 2012 en el penal de alta seguridad que ahora sirve de morada carcelaria mientras espera turno para ser juzgado.

En ese año el imputado de haber colaborado con El Chapo presumía en la ceremonia inaugural con Felipe Calderón a un lado, haber edificado el penal más grande y seguro del mundo, dotado de tecnología de última generación y mecanismos que lo hacían inviolable.

Una tumba para cadáveres insepultos, como los peligros líderes de crimen organizado que ahí se encuentran: aislados, sin contacto con ningún ser humano, espiados en todo momento por mil 200 cámaras en 60 pantallas conectadas con el Centro de Mando de la Ciudad de México.

Nadie podía saber que Calderón Hinojosa y García Luna habían construido en Sonora una cárcel con dinero público y privado para uno de los suyos: el policía que libró en Puebla el homicidio intelectual en 2014 de un niño de familia humilde de 13 años, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo en medio de la represión contra un pueblo lastimado por el régimen de Moreno Valle, muerto en diciembre de 2018 por la caída del helicóptero en el que tanto gustaba viajar.

 

@FerMaldonadoMX

parabolica.mx escribe Fernando Maldonado