Es difícil que cualquier persona no se llegue a solidarizar con estudiantes que protestan porque su Universidad “ha sido tomada” y ellos lo “único que quieren es tener clases y que su Campus sea devuelto a sus legítimos dueños y directivos”. Esa es la narrativa fácil que se ha venido difundiendo y que es también muy fácil de comprar por la opinión pública. Pobres estudiantes y académicos de una de las instituciones de mayor prestigio del país.
El problema es que esos muchachos que protestan (quiero creer que de buena fe) desconocen o se niegan a conocer el verdadero origen del problema que ha llevado a una crisis casi terminal a la Universidad de las Américas Puebla. Y es que muchos de ellos ni siquiera son de Puebla. Y los de Puebla se han sumado a las versiones que difunden empresarios y medios empeñados en culpar al gobierno del Estado de todo el conflicto, orillados más bien por cuestiones políticas-partidistas.
Todos sabemos que los miembros de Coparmex y de los organismos empresariales de Puebla (y del país) aborrecen a los gobiernos de MORENA, y sus líderes y presidentes de Cámaras siempre terminan siendo candidatos del PAN y ocupan después cargos de elección popular de gobiernos panistas. Esa es la verdad, no sé por qué lo niegan. Y es la versión de éstos la que se ha difundido y han comprado los desinformados estudiantes.
Entonces, con este estado de cosas en Puebla, la UDLAP esté envuelta en un conflicto interno (de los muchos que ha tenido en su historia desde principios de los años 70 del siglo pasado) en el que el gobierno del Estado originalmente no tiene absolutamente nada que ver.
La familia Jenkins de Landa, descendiente del magnate norteamericano que heredó su fortuna a la Fundación que él mismo creó con el nombre de su esposa (Mary Street Jenkins) y no a ellos (sus nietos), molestos por no poder acceder a la riqueza creada por su abuelo, se han demandado unos a otros sin otro motivo que controlar bienes y cuentas por más de 720 millones de dólares. Es un pleito familiar. Es un pleito por dinero de un abuelo que no quiso heredarlos. Punto.
El pleito ha seguido. Los Jenkins se demandaron y contrademandaron. Y los jueces determinaron que el Campus de la UDLAP debía embargarse. Y esto fue lo que ya le tocó a Miguel Barbosa. Se han cumplimentado las órdenes judiciales y efectivamente por una de ellas se tomó el campus de la UDLAP y guardias de seguridad privada lo han resguardado desde junio… ante la natural molestia de los estudiantes y profesorado.
Pero aquí empezó a politizarse el tema. Hábilmente, los empresarios (propanistas y críticos a muerte de gobiernos de MORENA), diputados panistas y ahora medios nacionales a los que les pasa información (a medias o de plano falsa) la Fundación Jenkins, han querido culpar y hacer responsable al gobernador de lo que pasa en la UDLAP, cuando se les ha dicho hasta la saciedad que es un problema legal de particulares y que lo único que ha hecho el Gobierno es hacer cumplir órdenes judiciales.
Los muchachos, que quizás con justa razón salieron a marchar el viernes por la recta a Cholula, siguen desconociendo (intencionalmente o no) toda la realidad del conflicto. Que vayan y hagan un plantón afuera de donde viven los Jenkins y les reclamen que por qué saquearon su Universidad y por qué traen un pleito a muerte entre ellos. Porque ellos son los culpables de que su Universidad haya estado cerrada meses. El pequeño problema es que los Jenkins andan escondidos porque hay órdenes de aprehensión en su contra.
En fin. Un pleito familiar se ha politizado hábilmente y ahora resulta que el villano de la película es un Gobierno que ni vela en el entierro tenía desde el principio. Desgraciadamente para los que han manipulado todo el tema, el desprestigio que quieren que tenga el Gobierno del Estado… no ha llegado. Y les confío algo de lo que sí sé: Ni AMLO, ni MORENA, ni el gobernador han bajado en aprobación y preferencias partidistas.
¡¡Plop!!
Al Pie de la Letra