Al día siguiente del encuentro entre los padres de los normalistas de Ayotzinapa con el entonces presidente, Enrique Peña Nieto, la actitud triunfalista de la última administración priista del país tomaba por asalto la prensa nacional.
Peña había recibido a los padres provenientes de una de las regiones más humildes del país, entre un complejo esquema de seguridad, donde el Estado Mayor se encontraba en alerta roja de una posible andanada en contra del mandatario.
Nada ocurrió así. Peña pudo compartir con los hombres y mujeres familiares de los desaparecidos y algunos enviados de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos su postura, inmóvil hasta el ocaso de su Gobierno cuyo legado es el de la corrupción.
Después de eso vendrían días, meses y años en los que los padres de los normalistas de la escuela Raúl Isidro Burgos serían atacados, ninguneados, se intentaría manchar su nombre y su honor, se les endilgarían ideas políticas y se les menospreciaría para intentar meter debajo de la cobija, como era el sello de la casa, el caso más impactante de este drama en los últimos años.
Para nada asombra que el resultado del tercer informe del Grupo Interinstitucional de Expertos Independientes sobre el Caso Ayotzinapa no acaparara las portadas de todos los periódicos del país a inicios de esta semana.
Los padres de los normalistas sólo han recibido desprecio desde el Estado, amenazas de los grupos criminales, fulgurantes señalamientos de los partidos y ofensas hasta de la prensa, quienes hemos fallado como sus aliados.
Esta ocasión en especial, revelaron las hebras de información que fue ocultada por años por las fuerzas armadas, mientras era montada la verdad histórica de la administración peñista.
Al paso de los años, este caso es uno de los más icónicos de la desaparición de personas en el país, el drama que ha dejado como lastre la llamada guerra contra el narco de Felipe Calderón. Una historia contra los más pobres del país y que encarna todos los abusos que se pueden cometer por proteger a un grupo de poderosos.
Es imposible borrar del espectro la salvajada aquella del comunicador Carlos Marín exigiendo que los padres de los 43 se disculpasen con el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam. Hoy sabemos que el propio procurador alteró la escena del basurero de Cocula y presentó un caso armado con tortura muy alejado de la verdad.
Hoy sabemos que los jóvenes fueron espiados e infiltrados por el Ejército; hay informes que siguen ocultos y sobre todo que 22 personas relacionadas a los hechos de la desaparición y pudieron haber compartido información murieron, aunque solamente 2 por causas naturales.
Es un hecho casi probado que el Estado los desapareció, hundió, quemó y omitió. Fue el Estado representado por Enrique Peña Nieto, por el general Salvador Cienfuegos, por el almirante Francisco Soberón y por Murillo Karam, e incluso por el ahora senador Miguel Ángel Osorio Chong. Sobre ellos pesará esta fatalidad mientras vivan.
Esta negra historia sigue ahí, con nuevas pistas y con otros datos, pero en el día siguiente.
@Olmosarcos_
Máscaras escribe Jesús Olmos