El próximo martes 26 de abril, que tres sujetos involucrados en el multihomicidio de Huejotzingo ocurrido en febrero de 2020 reciban la condena del juez que conoce de la causa, se habrá cerrado un cruento capítulo sangriento que, al mismo tiempo, tuvo visos de revancha política.

El 24 de febrero fueron masacrados Ximena Quijano y José Antonio Parada, de nacionalidad colombiana que al momento de su muerte tenían 22 y 25 años, respectivamente; Francisco Javier Tirado, un muchacho veracruzano, de 22; y el conductor del auto de alquiler, Josué Vidal, de 28.

La indignación cundió entre los planteles, con genuina y justificada razón. Las cuatro víctimas habían acudido al Carnaval de Huejotzingo y ahí encontraron la muerte. El hallazgo de sus cuerpos casi apilados atizó la repulsa de todo el país, que volvía a vivir el horror de la crueldad animal de los matanceros.

La detención de Pablo de Jesús, Ángel y Lisette, principales señalados de haber victimado a tres estudiantes de medicina de la UPAEP y BUAP, además del joven conductor de la plataforma Uber, ofreció cierta calma a la comunidad estudiantil.

Lo que los indignamos universitarios de uno de los clústeres más grandes en México no podían imaginar es que con la presencia de tres rectores que participaron en la histórica marcha en marzo de 2020, se daba cauce al cobro de diversas facturas. Con matices, habían olido sangre frente al naciente gobierno de Miguel Barbosa que había llegado al cargo unos meses antes, en agosto de 2019.

Emilio Baños, de la UPAEP, y Luis Ernesto Derbez tenían razones de sobra para cobrar al gobierno de la 4T la afrenta de haber frenado en las urnas a uno de los suyos: Enrique Cárdenas, exrector de la UDLAP.

El otro rector era Alfonso Esparza Ortiz, de la BUAP, señalado de un conjunto de trampas y desvío de dinero de las arcas universitarias, que eran ya para ese entonces un escándalo, al grado que en el presente anda a salto de mata, fuera de Puebla y del país.

Es probablemente la última vez que esa triada de funcionarios universitarios se haya visto la cara con Miguel  Barbosa, que con olfato y reflejos rápidos recibió a una comisión integrada por estudiantes y sus rectores.

Ahí se aplicó desde la propia sede del gobierno el plan de contención que dio aliento para poder desarrollar las pesquisas que permitieron aprehender a los homicidas.

Cada uno de los tres asesinos de estudiantes podría recibir en la audiencia prevista para el martes de la próxima semana una pena de entre 20 y 50 años de prisión por el delito de homicidio calificado, según prevé el Código Penal, al que habrá que añadir entre 4 y 8 años más por el delito de robo de vehículo, pues también se apoderaron del auto que Josué utilizaba para trabajar.

El promedio de edad que cada uno de los involucrados tendrá una vez hayan pagado sus crímenes, sería de 70 años, sin es que la enfermedad y la decrepitud no los acaba en la cárcel. Nada de eso podían imaginar, mucho menos que con su conducta criminal había puesto en charola un desquite político de la alcurnia poblana que también se frustró.

 

@FerMaldonadoMX

parabolica.mx escribe Fernando Maldonado