No lo ha dicho con todas sus palabras, pero es evidente que al gobernador Miguel Barbosa le incomoda que el Gobierno federal pretenda absorber el sistema de salud de los poblanos, como ya comienza a suceder en otras latitudes del país.
Al menos en un par de ocasiones ha hecho vagas referencias a esa circunstancia en el pasado reciente y en repetidas veces ha reconocido el trabajo de trabajadoras y trabajadores del sector en la entidad y a su titular, José Antonio Martínez García, de quien al menos la mañana de este martes dijo que se trata de un extraordinario doctor.
La cita es obligada. En Tlaxcala, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la reunión del “inicio de trabajos y gestiones preparatorias para la implementación y operación del IMSS Bienestar en el estado” vecino. En el papel parece fácil, pero conlleva enormes desafíos.
Se inscribe, además, en el contexto de una política pública fallida que había sido anunciada con estruendo al inicio del sexenio de la 4T: el traslado de las secretarías de Estado a diversas entidades del país.
La Secretaría de Educación vendría a Puebla y Cultura a Tlaxcala, según se prometió. En el primer caso, la dependencia educativa no ha fortalecido ni su delegación en el territorio, y en el vecino estado ocasionalmente despacha algún funcionario federal en una abierta simulación para no contrariar la ocurrencia presidencial.
Imposible mover con agilidad y prontitud al elefante de la burocracia federal, y algo similar sucederá con la pretensión federal de quedarse con sistemas de salud de las entidades por evidentes razones.
Sucede en el peor momento de los últimos años. El largo periodo de la pandemia hizo aún más evidente las fallas estructurales, administrativas y financieras de un sistema de salud colapsado desde mucho tiempo antes de la llegada al país del coronavirus.
Hace apenas unos días que en Puebla trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social marcharon por las calles de la capital para exigir mejores condiciones de laborales y de atención para pacientes ingresados al sistema hospitalario.
La manifestación pacífica puso el acento en esa circunstancia. Las carestías presupuestaria e insuficiencia en áreas de enfermería y médicas se concatena con un episodio que pasó desapercibido, hace meses.
En medio de la crisis por el desabasto de medicinas a nivel federal, la llegada por “goteo” de vacunas contra Covid-19 a Puebla y la falta de reciprocidad en la Dirección General del Instituto de Salud para el Bienestar, a cargo de Juan Antonio Ferrer.
Una delegación de funcionarios estatales, encabezada por el propio mandatario poblano, ingresó a la oficina del titular del INSABI para dar seguimiento a los acuerdos de reciprocidad, que consisten en que un porcentaje de la partida presupuestal para Salud en Puebla queda en manos de la dependencia federal el cual luego será devuelto en especie: medicamentos varios, entre ellos los oncológicos.
Barbosa no permitió ni siquiera hablar a su secretario de Salud. Increpó y puso contra las cuerdas, literal, a Juan Antonio Ferrer.
Con el estilo duro y directo que caracteriza al poblano, resolvió el entuerto burocrático de ese paquidérmico aparato de la 4T.
Así que si un conjunto de funcionarios federales asume que se podrán anexar hospitales y clínicas de los poblanos, enfermeras y camilleros; médicos y laboratorios, tendrán que sentarse a esperar porque es bastante evidente que no será posible, por lo pronto en el mediano plazo.
@FerMaldonadoMX
parabolica.mx escribe Fernando Maldonado