Legisladores propusieron al Congreso del Estado la homologación de la “Ley Ingrid” y aplicar hasta 15 años de cárcel además de multas económicas.
La diputada por el Partido del Trabajo (PT), Nora Merino Escamilla, dijo que el objetivo es lograr inhibir que se difundan videos o fotografías del cuerpo de una persona sin vida y del lugar en el que murió.
Para lograr esta homologación, dijo, se propone que quienes entreguen, compartan, revelen, envíen, exponga o transmitan documentos o información reservada de personas que hayan sufrido violencia física o sexual, de cadáveres o parte de ellos o de las circunstancias de la muerte se hagan acreedores a una sanción.
“Porque esto además de entorpecer las investigaciones también vulnera los derechos de la víctima y revictimiza. Estamos incrementando las penas para que en el caso que sean mujeres, niñas, niños o adolescentes la pena sea hasta 15 años de prisión y también aumenten las penas económicas”, explicó.
Dijo que, por la sensibilidad de esta iniciativa, se propone una pronta homóloga de legislación local con las leyes federales para que de esta manera se establezca la protección de los derechos de las víctimas.
Este procedimiento, dijo, además ayudaría a que no se ponga en riesgo el desarrollo de las indagatorias para que concluyan de manera satisfactoria y se logre dar los responsables para la aplicación de sanciones.