Ante el fenómeno de la violencia contra la mujer, el Poder Judicial del Estado de Puebla estableció un mecanismo con perspectiva de género denominado Programa ” Medidas de Protección 24/7″ para garantizar la integridad de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
A través de este modelo implementado desde septiembre del 2020, se han recibido 500 alertas, de las cuales, 486 derivaron en la orden de un juez para aplicar medidas de protección tras comprobarse situaciones de riesgo.
El Magistrado Héctor Sánchez Sánchez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, explicó que el programa “Medidas de Protección 24/7″ se activa con una llamada a la línea de emergencias 911, donde reciben el reporte y lo canalizan a la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres (UDAIM), cuyos elementos actúan como primeros respondientes y acuden al lugar donde se solicitó el apoyo.
Tras una evaluación de los elementos de UDAIM, si se comprueba un riesgo latente para la mujer, niña, niño o adolescente, se lanza una alerta a los jueces auxiliares especializados en materia familiar del Tribunal Superior de Justicia, que a través de medios electrónicos reciben la información necesaria para acudir de manera inmediata al lugar del reporte.
En el lugar, los jueces se entrevistan con la solicitante y dependiendo la situación, dictan las medidas de protección necesarias para salvaguardar la seguridad de la persona.
Dentro de las medidas de Protección más decretadas se encuentran el retiro de la persona agresora del domicilio, la entrega de documentos de identidad de manera inmediata, asegurar objetos de valor de quien agrede para garantizar alimentos u otros gastos necesarios, entre otras.
El funcionamiento de este modelo poblano de protección a mujeres, ha despertado el interés de otros Poderes Judiciales del país, como el del Estado de México, que reconoció el principio de justicia de proximidad con que el que trabaja el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla.
Con estas acciones, el Poder Judicial fortalece la colaboración interinstitucional proporcionando a las y los servidores públicos las herramientas cognoscitivas-prácticas necesarias para comprender y atender las medidas de protección, garantizando el acceso de las mujeres a la justicia con perspectiva de género, sensibilidad social, calidad y calidez.