Para entender el vínculo criminal entre los socios que construyeron un monumento al lavado de dinero, evasión y manejo de recursos de procedencia ilícita, habrá que colocar en su justa dimensión a un individuo de talla menor, pero clave en la trama.

Se trata de Daniel Tavera Ramos, el personaje que salió de su condición ignota al escrutinio público tras saberse que fue capaz de constituir 32 firmas empresariales a través de las cuales 55 instituciones públicas lavaron dinero público a cambio de facturas apócrifas, además de enviar dinero a nueve diferentes países.

Es en esa condición que quien se ha descrito como el facturero que permitió a Arturo N, director editorial aún del diario Cambio, y de su socio, Ignacio Mier Velazco, evadir al fisco más de 427 millones de pesos, busca tranzar por debajo de la mesa información que le permita ponerse a salvo de la ley.

El autor de la columna está en condiciones de confirmar que, en efecto, Tavera Ramos busca comprar en el mercado negro el expediente judicial que lo provea de información privilegiada para trazar su propia estrategia legal.

Lo ha pretendido a través de personas que guardaron vínculo o fueron servidores públicos en la Fiscalía General del Estado a cambio de lo que cueste.

De la suerte jurídica de este personaje de talla pequeña dependerá en buena medida poner al descubierto lo que ya se nos ha revelado en diversos espacios, y hasta en el radio pasillo.

La sola intención volverá a poner a prueba al equipo de trabajo del fiscal General, Gilberto Higuera Bernal, debido a la tentadora idea de ganarse una jugosa comisión a cambio de los datos existentes en el expediente.

No es la primera vez, sin embargo. Una de las etapas más difíciles en tiempos recientes para el personal de la Fiscalía fue después de marzo de 2020, cuando fue detenido y vinculado a proceso al exvicecoordinador de la bancada panista en San Lázaro, Eukid N, por los delitos de extorsión, falsedad de declaraciones, enriquecimiento y manejo de recursos de procedencia ilícita.

La porosidad existente entonces en la institución permitió que se fueran “perdiendo” pruebas documentales certificadas que daban solidez a uno de los procesos penales en curso, en detrimento de la causa que había permitido poner a la sombra a uno de los hombres que se habían caracterizado por la fiereza con que cumplía las encomiendas de su jefe político.

La venta de expedientes, órdenes de aprehensión o cualquier tipo de diligencia ministerial fueron durante largos años uno de los mercados más lucrativos para quienes tuvieron acceso.

No debe sorprender que Daniel Tavera, el personaje que salió de ese anonimato por la colusión develada por la investigación periodística de los reporteros Víctor Hugo Arteaga y Néstor Ojeda, pretenda revivir prácticas del pasado.

Como ha sucedido con otros casos de notable impacto en la sociedad poblana, el equipo de Higuera Bernal deberá estar atento a cualquier fuga de información para evitar que se exponga el trabajo impecable realizado en los últimos años.

 

@FerMaldonadoMX