El denominado “pueblito” que se construyó al interior del Cereso de San Miguel dejó beneficios a las pasadas administraciones, por ello fueron omisas para permitir su operación, sentenció el gobernador Miguel Barbosa.
Criticó que este recinto, con 104 cuartos, fungió como centro de convivencia ilegal y de privilegio para algunos reclusos que podían acceder a él y que era permitido por autoridades del penal y de los pasados gobiernos estatales.
“De solapamiento, de convivencia ilegal en un reclusorio por años y que los gobiernos se hicieron que no los veían porque recibían beneficios, todos sabían que existían, yo ordené su destrucción desde el arranque de mi gobierno y al menos dos secretarios, los anteriores, me informaron que ya lo habían hecho”.
Recordó que desde el inicio de su gestión ordenó su destrucción, sin embargo, dos secretarios de Seguridad anteriores, le aseguraron que ya había sido eliminado. Fue recientemente, ya con Daniel Iván Cruz Luna como titular de la dependencia, que se ejecutó la orden del gobernador.
“Los recursos fueron de los encargados de la Secretaría de Seguridad Pública de cada administración a lo largo de muchos años de los propios delincuentes que, coludidos con las autoridades de seguridad pública y reclusorios fueron haciendo ese tipo de cosas”.
Agregó: “en este momento, hace tres meses, cuatro meses, hicimos una ruta y hoy lo que queda son algunas varillas que están en los pisos y que tienen que dejarse perfectamente vencidas para que no sirvan hasta de armas”.