El argumento del Gobierno de México sobre la soberanía nacional para defender su política energética frente a sus socios del T-MEC no es válido en términos legales, según especialistas.
En el marco del inicio de las consultas para la resolución del conflicto energético entre Estados Unidos y México, los analistas dijeron que la administración federal tiene que respetar el tratado comercial.
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En julio, Estados Unidos avanzó en su disputa con México por la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador al presentar una queja formal bajo el tratado comercial por considerar que perjudica a sus empresas.
Washington solicitó consultas para resolver disputas, un primer paso en un proceso que podría conducir a represalias, al estimar que México beneficia a CFE y a PEMEX en detrimento de las empresas estadounidenses e impide el desarrollo de la energía limpia, según la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR).
La duda ronda en torno a los posibles argumentos legales que expondrá la defensa mexicana, pues los hechos demuestran que la administración discrimina a los competidores extranjeros, al mismo tiempo que beneficia artificialmente a sus empresas, según los analistas.
Si bien en el artículo 27 de la Constitución se establece que el Estado es el propietario de todos los recursos naturales, incluyendo los hidrocarburos, hecho que podría validar el argumento de la soberanía nacional, lo cierto es que existe una legislación secundaria que permite la inversión extranjera en el sector energético, consideró Carlos Alberto Bautista Pérez, especialista de la Facultad de Negocios de la Universidad La Salle.
“En el caso concreto de la energía eléctrica, llegamos a ver que el sistema de lo que es la distribución y la transmisión de la energía eléctrica, lo tendrá el Estado a través de la CFE, pero resulta que la generación y la comercialización de energía eléctrica, puede estar en manos de particulares, tanto nacionales como extranjeros”, expuso.
Agregó que la defensa de los estadounidenses y canadienses responde a uno de los principios de la Organización Mundial del Comercio, el de no discriminación, en el que se debe otorgar el mismo trato a nacionales y extranjeros, de lo contrario se viola el fundamento que se aplica dentro del T-MEC.
“Existe un principio dentro del derecho internacional que se llama “Pacta sunt servanda”: los pactos se han hecho para cumplirse, los tratados se han hecho para cumplirse. ¿Qué significa esto? Tú llegaste y firmaste. Estás obligado”, enfatizó el académico.
Oscar Ocampo, especialista en el Instituto Mexicano para la Competitividad, consideró que el Gobierno mexicano puede llegar a la mesa de diálogo alegando que no han cerrado el mercado eléctrico porque todavía hay participación de extranjeros, y que ya no se otorgan más permisos porque las empresas no cumplen con los requisitos o porque la red está saturada. Sin embargo, dijo que todo argumento puede ser “fácilmente desmentido” por las contrapartes.
Un ejemplo es el memorándum que envió el presidente de México a la Comisión Reguladora de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos en 2020 para que no otorgarán nuevos permisos o concesiones a particulares.
“Bajo ninguna circunstancia la soberanía nacional es un argumento jurídico. Aquí estamos hablando de que el Estado mexicano no está respetando los términos y condiciones de un contrato que firmó. No se trata de la soberanía, no se trata de la propiedad, se trata de que el Estado mexicano está discriminando a sus contrapartes estadounidenses y canadienses bajo términos que, no solamente el Estado mexicano, sino que esta administración firmó hace poco más de dos años”, recordó.
Santiago Arroyo, director de Ursus Energy, consultora especializada en el sector energético, agregó que los reclamos de Estados Unidos son completamente válidos, porque la actuación del Gobierno de México representa obstáculos al comercio, derivados de una regulación inequitativa.
“Existen mecanismos para fortalecer a las empresas del Estado, pero desgraciadamente la administración no entiende el contexto de cómo fortalecer las empresas del Estado sin entrar en conflictos de regulación y de obstáculos al comercio”, dijo.
El Gobierno libra una batalla por restaurar el control sobre la generación de energía, iniciativa que ha generado un fuerte rechazo entre los gobiernos y empresas de Estados Unidos y Canadá, país que también inició un proceso por separado.
Con información de AFP.
LEG