El “perdón” otorgado a Ramón N, padrastro de una adolescente de Huauchinango, que primero fue imputado por violación y que el juez Lucio León Mata reclasificó como estupro, puso en el ojo publicó el caso de la familia de Miriam Vásquez y provocó una indagatoria por parte el Poder Judicial del Estado.

El tema alcanzó la conferencia matutina del gobernador Miguel Barbosa, el viernes pasado, en donde se informó que las menores se encontraban a resguardo del DIF estatal.

La Fiscalía Puebla apenas había aprehendido al sujeto tras sustentar datos de prueba por violación agravada, por lo que solicitó prisión preventiva; sin embargo, el Juez reclasificó el delito a estupro y determinó firma periódica.

Ramón N. fue vinculado a proceso únicamente por el delito de estupro. El delito de estupro en el contexto del hecho establece una pena de 5 a 10 años de prisión, mientras que el de violación agravada es de 10 a 40 años de cárcel.

Se tiene conocimiento de que el imputado es medio hermano de un juez.

Ante la disparidad entre la orden de aprehensión otorgada por la autoridad judicial y por el cambio de criterio sin mediar elementos de prueba o considerar otros ajenos a las partes, la Fiscalía General del Estado de Puebla promoverá las acciones que estime conducentes para que en este caso como en todos los que interviene la Institución se procure una justicia objetiva y apegada a los hechos.

Las reacciones no se hicieron esperar, una de ellas provino desde la cuenta oficial de Twitter del Gobierno del estado, en donde expresaron “su rechazo a la violencia con la que ha sido tratada la señora Miriam Vázquez Vázquez, pronunciándonos en su favor con el completo apoyo institucional y legal”.

La trama alcanzó al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, quien anunció que iniciará una investigación sobre el actuar del Juez de Oralidad Penal y Ejecución del Sistema Acusatorio Adversarial de la Región Judicial Norte, con Sede en Huauchinango, en torno al hombre detenido y liberado a pesar de la denuncia por delitos sexuales contra una menor.

Por su parte, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Héctor Sánchez, justificó la actuación del juez señalando un posible vacío en la ley en materia de violación y estupró, lo que habría servido para liberar al implicado en este caso polémico.