La empresa Grupo Estratégico Rijosa SA de CV, cuyo representante legal, Florentino Daniel Tavera Ramos, detenido por su presunta participación en una compleja red de empresas que permitió lavar millones de pesos y que consiguió la firma de un par de contratos por unos 30 millones de pesos con el Tribunal Superior de Justicia, está lejos de ser denunciada en el Poder Judicial.

Tras ser revelado en la entrega de la columna anterior que Tavera Ramos sería el proveedor del servicio de digitalización de los archivos en el Poder Judicial, luego de haber firmado el contrato CJPJEP-C-ADQ-014-2020 por un monto superior a los 29 millones 986 mil pesos, se pudo confirmar que detrás del discurso por la transparencia y la honorabilidad existe una realidad que corre en paralelo.

La firma empresarial que pudo obtener la autorización para una tarea técnicamente compleja, como la elaboración de cientos de miles de archivos digitales para una instancia gubernamental de la dimensión del Tribunal Superior de Justicia, opera en un local que también produce memelas, en el número 5518 letra A de la calle Coatepec, en la colonia La Hacienda, de la capital poblana.

Se trata de dos locales pequeños de fachada rústica con dos cortinas de metal para la instalación de modestos negocios familiares, muy lejos de la definición de una firma empresarial seria que permita suponer que el contrato del año 2020 haya sido cumplido a cabalidad.

La firma del acuerdo, del que el columnista posee copias, con quien ha sido señalado de participar en la estrategia de facturación y probable evasión fiscal por 427 millones de pesos en favor de Arturo N, socio del coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco, revela la forma en la que la simulación ha sido la constante en el Tribunal Superior de Justicia.

Basta con ubicar la función que cada uno de quienes firmaron el contrato con la empresa fachada de Tavera Ramos, en 2020, son juez y parte en la tarea de combate a la corrupción en el aparato responsable de garantizar justicia para los poblanos.

Dos de los alfiles llevados a cargos de primer nivel, Rafael Pérez Xilotl, funcionario de las confianzas del exgobernador Antonio Gali Fayad, y Rubén de la Rosa, ambos cercanísimos de Héctor Sánchez, y presidente del Tribunal, están al frente del Sistema de Gestión Antisoborno.

Una fuente del Poder Judicial confió al columnista la existencia de una componenda entre los personajes involucrados en la firma de los contratos con el facturero consentido de Arturo N, Mier Velazco y, ahora lo sabemos, también del propio titular de ese poder con el exauditor Superior del Estado, Francisco R, también imputado de diversos delitos.

Fueron “brothers”, definió la relación entre Héctor Sánchez y el exresponsable de revisar el buen manejo de dinero público, ahora encarcelado y sometido a proceso, de ahí que tampoco sería observada la firma de los contratos con Florentino Daniel Tavera Ramos, el facturero que conoció del origen, manejo y destino de cientos de millones de pesos.

 

@FerMaldonadoMX

Parabólica escribe Fernando Maldonado