La estrategia de lavado de dinero público de Florentino Daniel Tavera Ramos, recién detenido por su participación en la llamada Operación Angelópolis por el probable blanqueo de 427 millones de pesos, alcanzó al Tribunal Superior de Justicia.

En la recta final del tramo legislativo para llegar a la más ambiciosa reforma reforma al sistema de impartición de justicia impulsada por el gobernador Miguel Barbosa, el Magistrado Presidente, Héctor Sánchez Sánchez debió ocuparse de guardar debajo de la alfombra la basura acumulada.

La más notoria, la firma de dos contratos con quien está relacionado con Arturo N., que duerme en el penal de Tepexi de Rodríguez por probables delitos de operaciones de recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa y el coordinador de los diputados de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier Velazco.

Se trata de la empresa Grupo Estratégico Risoja, cuyo representante legal es Tavera Ramos y que obtuvo dos contratos para la digitalización de expedientes y procesos del archivo por 29 millones 986 mil pesos y otro, por 2 millones 232 mil 465 pesos.

Los contratos están aún disponibles en en la plataforma de transparencia cuyo hipervínculo se puede observar en  (https://drive.google.com/file/d/1TdhBz_NNf4FGlK7u76d83qV84sWdTjsw/view y http://t.htsjpuebla.gob.mx/files/art77fracciones28a/hipervinculo_documento/Contrato_L_ADQ_008_2020.pdf) y no deja lugar a dudas: el presunto facturero de la trama Operación Angelópolis fue contratado para cumplir con un servicio del que la Auditoría Superior del Estado deberá investigar si se cumplió satisfactoriamente.

El monto de lo contratado a Grupo Estratégico Risoja abre otra interrogante a la luz de los usos y costumbres de la burocracia dorada que por años dedicó al saqueo de bienes públicos: actuaron por la libre, o reportaron a la Presidencia el monto de lo obtenido.

La modificación constitucional aprobada la víspera por unanimidad en la Cámara de Diputados coloca a nuevos actores en ese poder público, establece nuevos candados y mecanismos que permitirá echar luz al ámbito de la impartición de justicia que antes estaban vedados al escrutinio público, como el manejo del dinero público.

Y es que en el Poder Judicial aplica la tesis de que en arca abierta, hasta el justo peca, lo que se refuerza al saberse qué perfil se mantiene al frente del área administrativa, un jurado del grupo político del ex gobernador Antonio Gali Fayad, con todo lo que ello significa.

Se trata de Rafael Pérez Xilotl, responsable de los sistemas DIF en el municipio primero, y en el estado después, justo en los periodos en los que Gali fue edil y luego por un año ocho meses, gobernador de Puebla. Junto al secretario jurídico, Rubén de la Rosa son quienes firmaron los contratos que ahora ofrecen un nuevo panorama sobre ese coto en el que se convirtió el Poder Judicial.

Un ejemplo de las sospechas que comenzarán a surgir en torno el desempeño de Héctor Sánchez y Pérez Xilotl es la tramitación de un certificado “Antisobornos” por el que se erogó un poco más de 2 millones 33 mil pesos, que incluyó contratar paquetes de medios para su difusión (https://drive.google.com/file/d/1D6IqZ3WQIE7R6M6Z0Y5D0Mf1vYDZqUCu/view y http://t.htsjpuebla.gob.mx/files/art77fracciones28a/hipervinculo_documento/CONTRATO_AI_ADQ_027_2020-0.pdf). El presidente del Tribunal Superior de Justicia y sus colaboradores deberán ser investigados como ya ha sucedido en casos análogos.

@FerMaldonadoMX