En comisiones, el Congreso del estado aprobó sanciones penales de cárcel para quienes operen anexos sin permisos de la autoridad.
Este miércoles en la sesión de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, el presidente, Eduardo Castillo López, señaló que es necesario regular el funcionamiento de estos lugares para evitar la violación de derechos humanos.
El legislador mencionó que desafortunadamente dentro de los anexos se comente actos que vulneran la dignidad humana bajo el pretexto de formar parte de un proceso de rehabilitación y en algunos casos la violencia ejercida termina con la vida de los pacientes.
Por lo anterior, se aprobó imponer de 1 a 4 años de prisión y multa de 50 a 200 Unidades de Medida y Actualización (UMA), a quien opere un anexo sin tener los permisos necesarios.
De la misma forma se contempla aplicar esta misma sanción a la persona que ofrezca algún tipo de terapia o preste servicios de atención a la salud mental y adicciones sin estar certificado por alguna institución.