El Centro de Derechos Reproductivos, la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto pidieron a las autoridades de El Salvador que entreguen un reporte sobre el aborto legal en el país, después de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
97 de ellas sufrieron emergencias obstétricas y fueron criminalizadas. La mayoría fueron condenadas por delitos como aborto u homicidio agravado, con una condena de hasta 50 años. A finales de 2021, la Corte IDH condenó a El Salvador por el caso Manuela y estableció que la prohibición absoluta del aborto ha impactado desproporcionadamente a las mujeres.
Un año más tarde, denuncian, El Salvador ha avanzado muy lentamente en el cumplimiento de las medidas. De acuerdo con las organizaciones, contrario a lo ordenado por la Corte, a la fecha dos mujeres siguen privadas de la libertad, mientras otras dos enfrentan procesos judiciales que tienen falencias similares a las que terminaron con la condena injusta y la posterior muerte de Manuela.
Manuela era una mujer campesina que tuvo su tercer embarazo mientras padecía un cáncer no diagnosticado.
LEG