La suerte del secretario Ejecutivo en el Instituto Electoral del Estado, César Huerta Méndez, parece estar echada y sus días en la responsabilidad, a la que llegó en abril de 2019, podrían estar contados.

Huerta Méndez promovió un juicio para la protección de los derechos político-electorales en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque tiene claro que su estancia en el IEE de Puebla es insostenible.

Lo que no podía calcular es que en el Tribunal Electoral federal, el expediente SUP-JDC-1458/2022 fue turnado a la magistrada Janine Otárola Malassis, con quien mantuvo serios conflictos en la Sala Regional en la Ciudad de México, a tal grado que la magistrada lo denunció por anomalías en su desempeño ante la Visitaduría Judicial.

El secretario Ejecutivo advirtió que el proceso de ratificación que inició la presidenta del IEE, Blanca Yassahara Cruz García, es ilegal; sin embargo, existe una prueba contumaz de formar parte de los estertores que aún quedan del grupo del finado Rafael Moreno Valle.

Fue el presidente de ese órgano Jacinto Herrera Serrallonga quien lo llevó al encargo, en lugar de Dalhel Lara cuando ambos renunciaron en 2019, investigados por el fraude electoral en 2018, contra el entonces candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Miguel Barbosa, recientemente fallecido.

El largo historial del personaje se extiende por donde ha pasado. Fue el quien operó en favor de la creación de un partido político de la agrupación Antorcha Campesina, dirigida a perpetuidad por Aquiles Córdova Morán, enemigo de Barbosa y de la Cuarta Transformación.

Fue capaz incluso de impedir que la oficialía electoral realizara inspecciones con las que luego se acreditó que esta organización violentaba sistemáticamente las leyes electorales.

La estancia de este funcionario electoral costó al erario unos 5 millones de pesos para subsanar un error administrativo y técnico en el proceso electoral de 2021, en la renovación de los 217 ayuntamientos y los integrantes de la Legislatura.

Fue directamente responsable de haber impreso boletas y actas que serían utilizadas en el proceso de medio término del año pasado, con errores en el diseño e impresión de la papelería electoral.

Deberá ser la Auditoría Superior del Estado la que realice el análisis de ese gasto extraordinario del que fue directamente responsable; sin embargo, el Órgano de Control Interno inició 9 procesos administrativos para determinar responsabilidades cometidas por el Secretariado Ejecutivo.

El desconcierto por los errores u omisiones durante ese proceso electoral llevó a que cinco consejeros del Instituto Electoral estatal e integrantes de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional propusieron retirarle la facultad de contratar personal, pues encontraron que había dado luz verde a personas sin perfil académico o profesional apropiado.

En el seno del Consejo General, Huerta ha contado con el apoyo de los representantes del PRI y PAN, lo que confirma que no sólo ha sido deficiente y tramposo, sino aliado vergonzante de los enemigos de la 4T.

 

@FerMaldonadoMX