El paquete de reformas que envió el entonces gobernador Miguel Barbosa Huerta, en 2020, en materia de propaganda electoral, tenía como fin elemental solamente uno: la equidad en la contienda, que el dinero no definiera, por encima o con una perversa influencia, la decisión que los ciudadanos libres deben tomar en las urnas.
El 30 de junio de 2020, muy cerca de llegar al primer año de gobierno y con el cumplimiento de la promesa que hizo de que “nunca más” se viviera el nivel de ataques, inequidad y fraude que sufrió él en la contienda de 2018, que ganó por más de 10 puntos, pero que le fue robada en la mesa, Barbosa envío al Congreso local una iniciativa para reformar y adicionar el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado (Coipep).
La propuesta barbosista, que luego aprobaría por mayoría la LX Legislatura, el 22 de julio siguiente, planteó y ahora establece -porque es texto vigente- en su Artículo 232, que la propaganda electoral “no se podrá contener portadas de revistas, libros, anuncios de entrevistas o de diarios, o cualquier otro elemento que contenga la imagen, nombre, símbolos, siglas o elementos que induzcan a la persona a saber que se trata de determinado candidato o candidata a un cargo de elección popular”.
Pero, a pesar de ello, lo estamos viendo en la capital poblana y la zona conurbada, en distintas intensidades, de parte del diputado federal, Moisés Ignacio Mier Velazco, que ha utilizado recurrentemente los espectaculares y también antes, en agosto de 2022, le fueron retirados los anuncios; pero también lo está haciendo el titular de Gobernación estatal, Julio Miguel Huerta Gómez.
En esos dos casos, con anuncios de “entrevistas o materiales periodísticos”, con foto y todo el despliegue propagandístico.
Con un matiz distinto, el senador Alejandro Armenta tiene propaganda de su libro sobre el litio, en los que, aunque sin foto, sí aparece claramente y destacado su nombre.
La imperfección natural de las normas, cuya redacción muchas veces no puede prever todas las futuras interpretaciones, han permitido estas estrategias, al filo de la ilegalidad.
Pueden aducir, aunque no sé si comprobar, los involucrados, que no se trata de “propaganda electoral”.
Estrictamente en el calendario, no estamos en un “proceso electoral”; sin embargo, sí sabemos todos los poblanos y poblanas medianamente informados, que los tres son aspirantes a la gubernatura en 2024.
Los argumentos, finalmente podrán ser escuchados, pero las intenciones son evidentes.
Miguel Barbosa Huerta fue amenazado de muerte y hasta tuvo connatos de atentado, por sicarios del régimen; sufrió persecución y acoso; el fraude en su contra, para robarle el legítimo triunfo de 2018, se construyó con millones de pesos que derrochó el morenovallismo.
La reforma que envío, en materia de propaganda, pretendía atajar malas prácticas. Que no mandara el dinero, fue su convicción, como es de Andrés Manuel López Obrador.
Un “lo hacen todos”, aquí no basta.
@Alvaro_Rmz_V