La Fiscalía General del Estado tiene una pata coja en la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres, cuya responsable es la abogada Margarita García Dueñas y, en todo caso, deberá ser investigada por otra de las 11 fiscalías sobre las que la oficina de Gilberto Higuera Bernal descansa el cúmulo de trabajo: la de Asuntos Internos.
No es un rumor que deba ser visto de soslayo, pues involucra un crimen de feminicidio que resultó del interés de agencias y medios alrededor del mundo en mayo de 2022, que costó la vida a la abogada y activista Cecilia Monzón, una mujer que se comprometió con las causas de su género.
A Monzón la mandó a ejecutar el excandidato al gobierno del estado del PRI, Javier López Zavala, dijeron en su momento las autoridades, razón por la cual fue aprehendido y llevado al penal de alta seguridad del Altiplano, el complejo carcelario en donde a partir de esta semana fue llevado Mario Marín, el hombre que impulsó su candidatura en 2010 y que abrió la puerta a la llegada de Rafael Moreno Valle, un priista converso al panismo en ese año.
García Dueñas tendría un vínculo familiar con ese priista que enfrenta el proceso penal desde que fue encontrado principal sospechoso del crimen de la mujer que gozaba de la doble nacionalidad, española y mexicana, radicada en el municipio de Cholula y que dio motivo a la redacción de una iniciativa de ley que se discute en el ámbito legislativo en estos momentos.
No se puede condenar que servidoras públicas, como la titular de la Fiscalía responsable de investigar crímenes contra ese género, o de cualquier otra instancia pública, tengan afectos, relaciones de amistad o de compadrazgo. Se trata, en todo caso, de invocar a la ética y la decencia para admitir que, al menos en este crimen de alto impacto, podría existir el supuesto del conflicto de interés.
García Dueñas arribó a esa Fiscalía en un momento crucial para el juicio que enfrenta el presunto responsable de que dos sicarios hayan ultimado a Monzón en mayo del año pasado, y de ello saben quiénes se dedican al litigio penal: la investigación complementaria en curso, que será definitiva para el curso del caso.
No es el único ángulo que despierta sospecha intramuros en la Fiscalía General de la que no se debe regatear eficiencia y eficacia. La meta de realizar hasta ocho cateos al mes sin detenerse a analizar con rigor jurídico si existe sustancia para tal acción ofrece un panorama igualmente indeseable: el de la siembra de pruebas para conseguir aseguramientos y consolidar imputaciones.
Toda mujer u hombre que haya enfrentado un proceso penal vive, en algún momento, con razón o sin ella, la sospecha de ser objeto de un proceso de investigación sobre la base de pruebas fabricadas o “sembradas” para ofrecer una imagen implacable, eficiente y a prueba de titubeos a la hora de aplicar métodos presuntamente infalibles.
Con ello, un escenario pernicioso por el probable retorno de un tiempo en el que los poblanos padecieron con personajes de dudosa conducta ética, como Víctor Carrancá Bourget, responsable de investigaciones tan deficientes como denigrantes en el homicidio del niño José Luis Alberto Tehuatlie en Chalchihuapan, en 2014, o el traje a la medida que le fabricaron al líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, Rubén Sarabia Simitrio, en el mismo año.
Parabolica.mx
Fernando Maldonado
@FerMaldonadoMX