El alcalde de Puebla, Eduardo Rivera aseguró que respeta la decisión del gobernador, Sergio Salomón Céspedes sobre los cambios que realizó en su gabinete, pues tiene la libertad llevar a cabo las modificaciones necesarias en beneficio del estado.
“Soy absolutamente respetuoso, el gobernador toma sus decisiones de quien conforma sus dependencias, sus secretarías. El Gobierno del Estado tiene total libertad, total autonomía y yo no puedo más que respetar y ponerme a trabajar de manera coordinada”.
Por ello, instruyó a los secretarios del ayuntamiento a establecer comunicación con los nuevos titulares del Gobierno del Estado.
El edil de la capital aseguró que es una obligación del Gobierno de la ciudad, el trabajar de manera coordinada con quienes integran la administración estatal, independientemente de quienes sean, por lo que solicitó también a que se mejore e intensifique esta relación.
“Es una indicación que le pido a todo mi gabinete que interactúe, continúe, mejore, intensifique esta comunicación y este trabajo coordinado con el Gobierno del Estado”.
Nombres para el relevo de Silvia Tanús
El presidente municipal reiteró que no se ha definido a la persona que sustituirá a Silvia Tanús en le Secretaría General del Ayuntamiento; sin embargo, indicó que ya cuenta con tres propuestas.
Dijo que los nombres que se han puesto sobre la mesa son los de Lucero Saldaña Pérez, José Chedraui Budib y Xitlalic Ceja García.
Añadió que en los próximos días dialogará con los dirigentes nacional y estatal del PRI, para que posteriormente tome la decisión, mientras tanto, nombrará a una encargada de despacho.
Regulación en la venta de alcohol
El alcalde Eduardo Rivera rechazó que el ayuntamiento sea omiso en la regulación de la venta de alcohol en la capital poblana y explicó que el número de supervisores es insuficiente para verificar todos los establecimientos y puntos de venta.
Añadió que los operativos en antros, bares, tianguis, mercados y restaurantes, son constantes con los cuales se busca sancionar el mal uso de las licencias de funcionamiento.
Asimismo, indicó que no está de acuerdo con la denominada Ley Lepe, que propone castigar con 5 años de cárcel a funcionarios que permitan la venta ilegal de bebidas alcohólicas.
“Difiero en la opinión de que nosotros hayamos sido omisos, lo que he comentado es que, la cantidad de supervisores que se requerirían en el Gobierno de la ciudad para verificar en un solo momento todos los tianguis, todos los mercados, todos los antros y todos los restaurantes, en el tema de licencias para que puedan vender alcohol, pues es prácticamente imposible”, dijo.