Durante la gestión de Delfina Gómez Álvarez, la Secretaría de Educación Pública (SEP) dejó que se perdieran 93% de expedientes que comprobaban el ejercicio de recursos del programa de la Escuela es Nuestra en 2021, por parte de los Comités Escolares.
De acuerdo con la fiscalización de cumplimiento 265, practicada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a dicho programa, de 68 mil 665 planteles educativos que recibieron presupuesto, solo se conservaron documentos de 4 mil 739, debido a que la plataforma donde los padres subían los archivos fue cambiada y en ese proceso se perdieron miles de documentos.
La Auditoría descubrió esa anomalía porque requirió a la SEP una muestra de expedientes para revisar el programa, pero la dependencia, dirigida por la aspirante a la gubernatura del Estado de México, solo entregó 32 archivos e informó que, en total, solo contaba con 6.9% de los documentos que comprobaban el ejercicio de recursos de 2021.
Educación Pública justificó que 93% de los documentos “ya no se pueden visualizar actualmente en la plataforma del programa, porque en 2022 la plataforma migró del sistema denominado Sider a uno nuevo denominado InfoLeen”.
La SEP aseveró que la plataforma Sider ni siquiera le pertenecía ni la gestionaba, pues se trata de un sistema de la Secretaría del Bienestar para el registro de beneficiarios de programas sociales. Sin embargo, en la transición a una plataforma propia de La Escuela es Nuestra se perdieron los archivos de 2021.
El ente fiscalizador concluyó que la “dependencia no los resguardó para el seguimiento, control y evaluación de las acciones realizadas en los planteles beneficiados con los recursos federales”.
Debido a la pérdida de archivos y a que solo entregó expedientes de 32 planteles escolares beneficiados por La Escuela es Nuestra, la auditoría señaló que “la SEP no acreditó las obras de mantenimiento, rehabilitación o construcción realizadas en los 68 mil 665 planteles beneficiados por el programa en 2021 para la mejora de la infraestructura de los espacios educativos”.
Otra de las consecuencias de la pérdida de miles de archivos, correspondientes a 2021, según la ASF, es que no hay registros para dar seguimiento, transparentar y rendir cuentas de los proveedores que fueron contratados por los comités escolares.
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