El caso de evasión fiscal por 2 mil 700 millones de pesos que registró la entidad ante Hacienda muestra “sospecha” de alevosía en el proceder de las autoridades poblanas que en su momento gestionaron la devolución de impuestos. En México, los despachos de asesoría fiscal son una opción adecuada para los gobiernos en tanto actúen con ética y no tengan como propósito convertirse en negocios ligados al poder público.

Así lo dijo en entrevista para 24 Horas el economista, Miguel Ángel Corona Jiménez, al señalar que la creación de despachos de asesoría para entes públicos, principalmente en temas fiscales, cobraron auge a partir de la llamada nueva economía financiera y hacendaria que provocó que ex funcionarios de Hacienda fundaran consultorías a través de la cual se ofrecía asesoramiento sobre fondos públicos por el desconocimiento de autoridades estatales y municipales en la materia.

Estos despachos, dijo, se dedicaron a la realización de trabajos y diagnósticos para solicitar recursos, aunque la principal asesoría se centró en la parte fiscal para tratar de sacar alguna ventaja o algún provecho.

“Asesoran a los gobiernos para poder conseguir recursos a partir de una legislación que les permite cierto margen de maniobra. De años para acá es un servicio que comenzaron a prestar ciertos ex funcionarios ligados a funcionarios que dijeron mira aquí se puede hacer un buen negocio (…) Negocios ligados al poder público”, afirmó.

Corona Jiménez, indicó que se trata de esquemas positivos siempre que estén enfocados a lograr un mejor desempeño de la función pública donde los recursos estén administrarlos de una manera óptima. En caso contrario, dijo, este tipo de firmas pueden convertirse en una alternativa para hacer de las finanzas públicas una caja chica.

Cuando se trata de despachos donde no se procede con ética se puede hablar de negocios ligados al poder público, refirió el especialista, de los que se puede presumir que actúan con alevosía y ventaja pues solo buscan la manera de violar los procesos en agravio del presupuesto público.

Por ello es necesario que los gobiernos se asesoren de despachos debidamente acreditados por la secretaría de Hacienda y por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para tratar de aminorar las malas prácticas.

En el caso particular de la entidad, indicó Corona, la contratación en la administración de Rafael Moreno Valle Rosas de un despacho externo para solicitar la devolución de impuestos del 2009 puede verse como una acción sospechosa que llevaría a pensar que hubo cierta alevosía en esta acción.

“Lo veo desde una perspectiva de lógica, si la secretaría de Hacienda devuelve primero porque está uno solicitando la devolución de buena fe (…) es porque la secretaría de Hacienda está confiando en que actúa de buena fe. Si ya lo requiere al darse cuenta que eso no coincidía, que pudo haber sido por desconocimiento (…) o que se hizo con alevosía y ventaja entonces ahí puede haber sanciones de carácter penal”, agregó.

El especialista indicó que en su momento al llevar cabo este tipo de acciones, la autoridad y el despacho en cuestión debieron haber prevenido las consecuencias de esos actos o de esas gestiones porque para eso se pagó a expertos.

Afirmó que las sanciones por estos hechos pueden ser desde la solicitud del monto entregado más el cobro de recargos cuando Hacienda considera que el sujeto responsable no actuó de mala fe como ya ocurrió recientemente en Puebla, y por lo que se regresaron la dependencia 2 mil 600 millones de pesos, hasta la aplicación de sanciones penales. Sin embargo, para que se determinen responsabilidades se debe llevar a cabo una revisión a la Ley Fiscal porque si bien el estado es el sujeto obligado se debe conocer qué tan solidaria es la responsabilidad del despecho.

El también académico del departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana refirió que este es un caso claro en el que los ciudadanos deben exigir transparencia en el uso de los recursos y sobre todo rendición de cuentas. Por ello la autoridad estatal en funciones no puede ser omisa respecto a la revisión a fondo que debe llevar a cabo para conocer dónde están los recursos que el estado recibió entre los años 2015 y 2016 por el orden de 702 millones de pesos.

“Representaron recursos devueltos como un ingreso extra del estado y hay que saber qué pasó con esos recursos. Es obligación del gobierno actual hacer esa revisión”, finalizó.