La concesión del agua en Puebla cumplirá una década este año, con tarifas que son 44 por ciento más altas que en 2014, y con una ola de amparos y protestas por desabasto, cortes presuntamente injustificados y un deficiente saneamiento, que agudiza la contaminación de los ríos que atraviesan la capital y su zona conurbada.
El consorcio Concesiones Integrales, cuyo nombre comercial es Agua de Puebla para Todos, obtuvo la concesión el 18 de diciembre de 2013 para encargarse de garantizar por 30 años el abasto de agua potable, el drenaje, alcantarillado y saneamiento de aguas residuales del municipio de Puebla y algunas regiones de Amozoc, San Pedro y San Andrés Cholula.
A petición del entonces gobernador Rafael Moreno Valle, el Congreso del Estado autorizó al Soapap concesionar el servicio, con la promesa de que la empresa beneficiada daría al Estado una contraprestación de mil 486 millones de pesos de inmediato; entregaría el 5 por ciento de la recaudación anual; disminuiría el índice de morosidad; ampliaría la infraestructura y renovaría la existente, a fin de reducir las fugas que provocaban la pérdida de hasta el 40 por ciento del abastecimiento.
Casi 10 años después, muy poco se ha cumplido, alerta Francisco Castillo Montemayor, extitular del Sistema Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap), pues advierte que sigue perdiéndose más de un tercio del agua que se extrae, el abasto ha empeorado, la infraestructura es obsoleta y el saneamiento es nulo.
Además, la recaudación está en número rojos, pues el propio director de Agua de Puebla, Héctor Díaz Durán, reconoció que la cartera vencida ronda el 35 por ciento este año.
Los incumplimientos de Agua de Puebla
El título de concesión, que ha sido modificado al menos cinco veces, originalmente obligaba a la empresa a invertir en los primeros cinco años 3 mil 800 millones de pesos en red hidráulica, de drenaje y en plantas tratadoras de aguas residuales.
Mientras la concesionaria ha evitado precisar el monto de inversión que lleva en casi una década, Castillo Montemayor da por hecho que no se ha gastado ni la mitad del compromiso inicial, puesto que los ingresos de Agua de Puebla no rebasan los 100 millones de pesos anuales, debido a la deficiente recaudación.
Este problema lo atribuye a la mala calidad del servicio, pues el abasto de agua es raquítico, son constantes los reportes de cortes injustificados y las tarifas son muy altas con respecto a lo que reciben los usuarios, además de que el número de cuentas es similar a la de hace casi diez años, porque no se ha ampliado la red.
En 2013, el Soapap contabilizaba 450 mil tomas solo en el municipio de Puebla; sin embargo, en su página de internet, Agua de Puebla reporta 479 mil, a pesar de que presta el servicio en la capital y también en una parte de Amozoc, San Andrés y San Pedro Cholula.
La empresa cuenta con cinco plantas de tratamiento, pero la Colectiva por el Bienestar Social, del morenista René Sánchez Galindo, exsecretario de Gobernación del municipio de Puebla, y la diputada panista, Guadalupe Leal Rodríguez, denunciaron por separado que persiste la contaminación de los ríos Atoyac y Alseseca, mediante descargas de aguas residuales sin tratar.
Por este motivo se promovió una demanda colectiva contra la concesionaria, recurso que se suma a los aproximadamente 700 amparos que usuarios han promovido en casi diez años, con ayuda del abogado Omar Jiménez Castro, exintegrante de la Asamblea Social del Agua (ASA), quien afirma que el 90 por ciento culminaron a favor de las personas afectadas por cortes, cobros excesivos o injustificados.