La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la inconstitucionalidad el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que clasificaba como de seguridad nacional las obras y proyectos prioritarios del Gobierno federal, con lo que se evitaba su transparencia… A lo que el mandatario respondió horas después con la publicación de otro decreto similar.

Durante la sesión de ayer, por ocho contra tres votos, se anuló el artículo primero de dicho documento, publicado el 22 de noviembre de 2021, con el que se clasificó como de “interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura”.

La medida impactaba a los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren estratégicos”.

Los demás artículos también fueron catalogados como inconstitucionales, pero con una mayoría de seis votos; en estos se instruía a las dependencias federales a otorgar “autorización provisional a la obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos”.

La Suprema Corte tomó la determinación a raíz de una controversia constitucional promovida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai), el cual alegó que con ese decreto se corría el riesgo de que la mayoría de obras con recursos públicos se catalogaran como confidenciales por ser prioritarias y de seguridad nacional, con lo que se caería en la opacidad.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el acuerdo no tenía que ver con ocultar información al Inai, sino que lo firmó para que “nuestros adversarios, que están empeñados en ponernos obstáculos, no puedan detener las obras”.

Horas después de la decisión de la Corte, el Presidente firmó un decreto similar al anulado, pero que solo declara a las obras del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los aeropuertos de Palenque, en Chiapas, así como de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo, como de interés y seguridad nacional.

El nuevo decreto de López Obrador, publicado en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), señala que “son de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo”.

Es decir, especifica cuáles son los proyectos y ya no es de manera automática, lo que fue uno de los argumentos de la Suprema Corte para catalogar como inconstitucional el llamado decretazo.

El nuevo decreto reitera que “el Consejo de Seguridad Nacional, mediante acuerdos de las sesiones ordinarias de 11 de julio de 2022 y 3 de mayo de 2023, declaró como de seguridad nacional e interés público el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, respectivamente, en razón de los objetivos que persiguen, de su ubicación estratégica en el territorio nacional y de la naturaleza de la prestación de sus servicios”.

Dicho documento fue firmado por el Presidente y los secretarios de Defensa Nacional, Marina, y Gobernación, mientras que el llamado decretazo, anulado por la SCJN, tenía la rúbrica de 18 secretarios de Estado, debido a que abarcaba todos los rubros.

El Inai, promotor de la controversia constitucional contra el llamado decretazo presidencial, ha sido uno de los órganos autónomos descalificados por el titular del Ejecutivo, al señalar que no sirve para nada y a sus comisionados de alcahuetes de los gobiernos neoliberales.

En la actualidad, el organismo de transparencia se mantiene sin poder sesionar por la falta de nombramiento de tres comisionados, por lo que está impedido de presentar una nueva controversia contra el decreto publicado ayer.

“Indignación” llevó a Piña a escribir a Armenta

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, confirmó que envío mensajes, mediante WhatsApp, al senador Alejandro Armenta para mostrarle su indignación por los datos inexactos que ha mencionado sobre el Poder Judicial.

Esto en medio de una ola de ataques al Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo y sus legisladores de Morena.
En una carta, la ministra reconoció que “la vía utilizada no fue la más adecuada. Confío en que mi modo frontal y directo de hablar se distinga claramente de una amenaza”.

Piña Hernández recalcó que las expresiones y datos inexactos del presidente del Senado la “indignan” y afirmó que la “honestidad es el criterio para construir el México que la Constitución garantiza y que los mexicanos nos exigen”.

Abundó que la aclaración es “respecto a quienes han mostrado apoyo a mi persona. Por respeto a mis pares y a mi familia. No quiero que mi silencio deje lugar a dudas. Como lo manifesté expresamente en la comunicación personal con el senador Armenta, sostengo en público lo que dije en privado”.

Tras la respuesta de la ministra Norma Piña, el presidente del Senado, Alejandro Armenta, dijo que analiza con sus abogados cuáles son las acciones jurídicas a seguir, porque asegura que se trata de un tema delicado.

“Esto confirma entonces, la injerencia y la probable acción de presión del Poder Judicial a la representación del Poder Legislativo y es inadmisible, yo no puedo permitir que violente la libertad de expresión”, declaró en entrevista con Joaquín López Dóriga.

Dijo que la ministra deberá responder qué la motivó, bajo qué circunstancia, bajo qué contexto a escribirle un texto en el que, según Armenta, se percibe “presión, es amenaza y es intimidación”.

Con información de Karina Aguilar