El proceso electoral de 2024 ha comenzado. Las corcholatas presidenciales del cuatroteismo han presentado, según su cargo político o constitucional, su renuncia o licencia, y en consecuencia, ocuparán los cargos vacantes otros perfiles cercanos al Gobierno Federal, o en su defecto, los suplentes de quienes renuncien a un cargo constitucional como el de diputado federal o senador. 

La intención de separarse del cargo con antelación al inicio del proceso electoral en forma es evitar que se utilicen recursos públicos, o bien, el aparato de gobierno para promover las aspiraciones de los interesados, lo que implicaría, además un posicionamiento ilegítimo, una inequidad en la competencia electoral para quienes aspiran a un cargo público fuera del aparato estatal. 

Sin embargo, para todos es bien sabido que ante la precipitación de los ánimos electorales y de la creciente competencia por los cargos públicos, las campañas electorales se prolongan, o como en este caso, se adelantan, y si bien puede ser reclamado, pues además de indebido es ilegal, deberíamos pensar que no se les puede prohibir a ningún servidor público aspirar a otro cargo político, y menos aún, a un político hacer política. 

En ese sentido la regulación de las precampañas está fuera de contexto y, francamente, completamente rebasada con la dinámica político-electoral de esta coyuntura. Con ello no quiero decir que se legalice que funcionarios públicos utilicen recursos del estado para promoverse, sino que debemos actualizar la legislación para evitarlo; una parte de ello tiene que ver con fortalecer la vida intrapartidista y dejar de fortalecer a la burocracia (dirigencia) de los partidos. 

El hecho de que los partidos políticos, sin excepción, sean verticales, con dirigentes eternos, y francamente opuestos al espíritu de la constitución (artículo 41), es decir: instrumentos de poder público, que promuevan la participación, la democracia y la cultura cívica; provoca que los políticos hagan política fuera de sus partidos, que estos queden ensimismados, sin legitimidad ni fuerza vinculante con su membresía y reducidos a un simple membrete. 

La veda electoral es uno de los absurdos más que hay durante las elecciones, pues más que castigar a los políticos que promueven sus aspiraciones, castigan y entorpecen la labor de los burócratas de bajo y mediano rango en sus funciones del día a día, mientras que los políticos, con o sin veda, con o sin campaña, continuarán promoviendo sus acciones para fortalecerse rumbo a cualquier escenario electoral. 

Tenemos que construir un sistema menos rígido, para que deje de ser un sistema simulador. No podemos imposibilitar que los políticos sean políticos, sin embargo, para ello, hay que fortalecer la vida partidista, que los políticos dejen de simular, que el Presidente sea el jefe político de su Partido, y que el gobernador, a su vez, esté en el Estado. Porque lo relevante no son las elecciones, sino los ciudadanos.