Aldo Báez

Resulta curioso que un problema grave, muy grave, se convierta en bandera de un grupo, iba a escribir político, pero sería inadecuado.

Veamos cómo es posible que esto ocurra.

La violencia es una forma de relación, tal vez, la más antigua entre los hombres. No olvidemos la sentencia que la violencia es la partera de la historia.

Desde siempre se pensó en una forma de cómo organizar la sociedad, pero no fue hasta el siglo XVIII, en que pensadores franceses siguiendo los principios ingleses y su historia, que plantaron la noción de un contrato bajo el cual era factible convivir en paz, en sociedad. En él cedíamos nuestra voluntad a cambio de la protección de nuestras vidas y posesiones. El monopolio de la violencia se lo adjudicó el Estado. Sin embargo, debemos pensar que las actuales condiciones en nada se parecen a las postulaciones expuestas.

Primero, porque el Estado, esa forma casi fantasmal sobre la cual, los poderes fácticos, es decir, económicos, o dicho coloquialmente, las grandes empresas, que en nuestro país están vinculadas a personajes de la vida política, política, en el sentido más vil y corrupto que puede entrañar esta palabra. Estos poderes que se encuentran al margen del poder público son tan poderosos que, han penetrado las estructuras judiciales y legislativas, sobre un perverso binomio que conforman el dinero y el poder, éste último, en el sentido más alejado de cualquier bien deseable.

Los poderes fácticos saben que la apropiación de la violencia es una meta para arrebatar al Estado su legitimidad y usan a sus eternos emisarios y voceros a trabajar todos los días (aquí podríamos enlistar a medios de comunicación, periódicos, empresarios, legisladores, jueces y magistrados) con la intención de proteger no a la sociedad sino preservar la ganancias que les producen sus diferentes negocios. Venden la imagen del Estado como parte de sus negocios.

Ante la posibilidad de perder sus privilegios y beneficios, y observar que pierden credibilidad e influencia entre la gente, y ver que sus emisarios no pueden concretar sus tareas, optan por propiciar y fomentar la violencia, y, a través de ella, construir una idea falseada de la realidad, de la debilidad del Estado, y de sus instrumentos legitimadores, e incluso sus más osados e ignorantes “pensadores” plantean la noción del Estado fallido, pero esto no es sino uno de los rostros de la ideología y para imponerla y no les importa que sea la población civil la que padece las consecuencias.

Esta historia se exacerbó desde los años ochenta, la creciente desigualdad, generó las ganancias jamás imaginadas, por desgracia, a un grupo pequeño. Y a la par, el surgimiento de los grupos armados como parte de actividades ilícitas pero muy redituables, y que desde principios de siglo, impulsados por los propios responsables de los poderes públicos.

Luchar contra esto es muy complicado. Abolir la corrupción, mitigar la pobreza, pareciera casi imposible, sobre todo, si esto atenta contra los intereses de los poderes fácticos, los recursos ideológicos por tristeza se nutren desde las universidades e instituciones públicas, porque son fundamentales en imponer los discursos ideológicos y sobre todo falsear las nociones de la violencia.

La bandera está izada, la violencia desatada, los motores ideológicos a todo lo que dan, la población al margen, pero la historia tiene que continuar…