Un juez de Estados Unidos detuvo las normas con las que el gobierno de Joe Biden restringe el asilo al obligar a los migrantes a pedir cita en línea o a tramitarlo en los países por donde transitan, pero le dio un plazo para apelar.
En mayo, la administración de Biden introdujo nuevas reglas para contrarrestar la suspensión del Título 42, que permitía bloquear a casi todos los migrantes en la frontera con México si no traían la documentación necesaria para entrar.
Estas reglas restringen en la práctica el acceso al asilo, al obligar a los migrantes a pedir cita a través de una aplicación de teléfono móvil (CBP One) o a tramitarlo en los países por los que pasan, por ejemplo acogiéndose a un permiso de reunificación familiar o a un programa que autoriza la entrada de 30 mil personas por mes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití por motivos humanitarios.
La nueva política incluye excepciones si los migrantes demuestran que no han podido acceder o usar la aplicación móvil o si lo solicitaron y se les denegó en otro país, pero varias asociaciones llevaron estas restricciones ante los tribunales por considerarlas ilegales.