Múltiples delitos. El exdiputado federal acumuló acusaciones por diversas irregularidades como amenazas y operaciones con recursos de procedencia ilícita
El exdiputado federal Eukid Castañón Herrera salió de la cárcel luego de tres años y medio confinado, acusado de múltiples delitos, cuyos procesos continuará, pero ahora en libertad condicional.
Este fin de semana un tribunal le concedió el cambio de medidas cautelares en el último proceso que lo mantenía en prisión, aunque en ese momento no estaba ahí, sino en un hospital donde le hacían pruebas médicas por presentar molestias en días recientes.
Luego del fallo a su favor, el sábado se reportó su alta médica, por lo que el extitular de la Secretaría de la Contraloría del estado ya estaba en posibilidad de ser liberado.
Eukid Castañón fue privado de su libertad la noche del 18 de marzo de 2020 en su casa, en un fraccionamiento de San Andrés Cholula, mediante una orden de aprehensión por el presunto delito de extorsión en contra de particulares.
En pocos días brotaron múltiples cargos en su contra, como amenazas, operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita, ejercicio indebido de funciones y falsedad de información en su declaración patrimonial.
El difunto exgobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, también le atribuyó enriquecimiento ilícito, espionaje y los hechos de violencia registrados en la elección de 2018, pero de estos no hubo pruebas para judicializar los casos, así que no se le imputaron formalmente.
Por unos meses Castañón Herrera estuvo en el penal de Tepexi de Rodríguez, pero tras exhibirse que tenía privilegios como teléfono celular y salidas constantes al hospital, el gobierno del estado promovió su traslado a una cárcel federal.
Y así ocurrió a finales de enero de 2022, cuando se anunció el traspaso de decenas de presos, entre ellos el exdiputado panista, quien fue transferido al Centro Federal de Reinserción Social (Cefereso) número 14, con sede en Gómez Palacio, Durango.
Con la muerte de Barbosa en 2022 y el arribo del gobierno sustituto, de inmediato hubo cambios en la situación jurídica de varios presos del barbosismo.
Los absueltos de esa administración
Eukid Castañón regresó a Puebla en junio de este año, cuando a través de un amparo logró revocar su traslado al Cefereso, así que fue traído al penal de San Miguel, en el cual estuvo cuatro meses más hasta obtener su libertad este fin de semana.
En junio salió de prisión el exsecretario de Gobernación del estado en el último año de gobierno de Marín Torres, el priista Valentín Meneses Rojas, quien fue redimido de delitos contra la administración de justicia, y días antes el exalcalde de Tehuacán por Morena, Felipe Patjane Martínez, dejó el reclusorio de Tepexi de Rodríguez y fue trasladado al penal regional del municipio que gobernó.
En mayo obtuvo su libertad el exalcalde panista de Tecamachalco, Inés Saturnino López Ponce, mediante un recurso legal que ordenó reponer su vinculación a proceso por los delitos de desobediencia, amenazas y resistencia de particulares, y el mismo mes el presidente municipal de Piaxtla, Miguel Maceda Carrera, salió del penal de San Miguel para enfrentar en libertad su proceso por homicidio culposo, ejercicio indebido de funciones y encubrimiento.
Igual en mayo salió de prisión Edwin Mora Caballero, expresidente municipal de Huaquechula, aprehendido a finales de 2021 por presunto uso de documentación falsa, y en abril el exedil de Chalchicomula de Sesma, Juan Navarro Rodríguez, abandonó la cárcel luego de cinco meses detenido por un daño patrimonial de 22.7 millones de pesos presuntamente cometido en su administración de 2014 a 2018.
También ese mes fue dejado en libertad Rodolfo Chávez Escudero, exdirector del organismo Carreteras de Cuota Puebla (CPP), a quien se imputó un presunto daño patrimonial de 20 millones de pesos, por lo cual estuvo preso durante tres meses.
Días antes salió de prisión el magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) Alfonso Siriako Guillén Almaguer, tras dos años en el penal de San Miguel acusado de delitos contra la administración de justicia, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal, fraude, asociación delictuosa y peculado.
A finales de marzo fue puesto en libertad Alejandro Martínez Fuentes, alcalde de Quecholac y primo de Antonio Valente Martínez Fuentes, alias “El Toñín”, presunto líder criminal dedicado al robo de combustible en la región. El edil estuvo año y medio en prisión acusado de ejercicio indebido de funciones, pero mediante amparos logró reponer su vinculación a proceso y continuará su proceso legal en libertad.