La Corte Suprema declaró ayer inválido el contrato entre el gobierno panameño y la minera canadiense First Quantum Minerals (FQM) para operar por 40 años la mina, que tiene unos 50 mil trabajadores directos e indirectos.
Tras el anuncio se desataron celebraciones en distintas partes del país y fueron levantados los bloqueos de rutas.
Por la tarde, cientos de panameños festejaban el fallo de la Corte, dictado el día en que Panamá conmemora su independencia de España, en un acto en una avenida del distrito financiero de la capital.
Las protestas y los bloqueos de rutas han provocado pérdidas por más de mil 700 millones de dólares, según gremios empresariales.
La minera dijo en un comunicado que “desde el inicio” ha operado “con transparencia y estricto apego a la legislación panameña” e insistió en un “diálogo”.
La compañía aseguró que “también ha escuchado el clamor popular”. Por tal razón, agregó, se mantendrán “atentos al diálogo constructivo”.
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, prometió un proceso de cierre “ordenado y seguro”.
MOVILIZACIONES
La aprobación del contrato minero por parte del Congreso, el 20 de octubre, desató las mayores protestas en Panamá desde la caída del dictador Manuel Noriega en 1989, paralizando al país por más de un mes con bloqueos de rutas, brotes de violencia, escasez de alimentos y millonarias pérdidas.
“Tan pronto se reciba la comunicación formal del fallo que declara inconstitucional” el contrato minero “se procederá de inmediato a su publicación en la Gaceta Oficial y se iniciará el proceso de transición para un cierre ordenado y seguro de la mina”, dijo Cortizo en un mensaje al país por televisión.
“Por el impacto en la sociedad panameña del proceso de cierre” cada decisión que se adopte “tiene que ser atendida de manera responsable, inclusiva y participativa”, agregó el mandatario, quien fue criticado por su “inacción” ante los bloqueos.
La protesta estalló después de que el Congreso aprobara el nuevo contrato, que fue rubricado después de que en 2017 la Corte Suprema declarara inconstitucional el acuerdo original de 1997.