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La tardanza para votar la despenalización del aborto será una decisión exclusiva del Congreso del estado y el poder Ejecutivo no intervendrá para agilizarla, pese a que se habilitaron siete hospitales para realizar la interrupción del embarazo de manera legal, segura y gratuita.
De acuerdo con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, las unidades médicas estarán disponibles para la operación para dar cumplimiento a una sentencia judicial, sin que esto signifique la inmediata cancelación de las penas por abortar.
En entrevista este jueves refirió que la despenalización corresponde a la vía legislativa, sobre la cual únicamente deciden las y los diputados, por lo que se desconoce cuándo podría abordarse el tema.
“El Congreso corre por su propia vía, nosotros lo que hacemos es que cumplimos con un mandato federal, entiendo que ya tendrá que ser parte de una formalidad”, apuntó.
Esto luego de anunciarse que el poder Legislativo no contempla despenalizar el aborto sino hasta en algún punto de 2024, con el argumento de que no hay prisa ni presión para legislar.
El presidente de la Junta de Gobierno y coordinador de la bancada de Morena, Eduardo Castillo López, justificó que la sentencia judicial a la que alude el gobierno ordena a los gobiernos federal y estatal garantizar el acceso al servicio, sin que esto obligue a reformar de inmediato el Código Penal del estado.
Por lo anterior reconoció que en lo que resta de este año 2023 ya no dará tiempo legislar el tema, así que se abordará en algún punto de 2024, aunque viene el proceso electoral y más de la mitad de legisladores aspiran a una candidatura, ya que la presente Legislatura concluirá el 14 de septiembre del próximo año.
ZONA RELEGADA
Actualmente, se considera hasta un año de prisión y trabajo comunitario como sanción por la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier momento de la gestación, aunque existen múltiples iniciativas que plantean eliminar las penas si el aborto se realiza en las primeras 12 semanas de embarazo.
Las reformas planteadas han sido ignoradas y continúan congeladas en espera de ser dictaminadas en comisiones para su posterior discusión en el pleno del Congreso.
Esto mantiene a Puebla rezagada en materia de derechos sexuales y reproductivos, ya que es una de las 20 donde abortar es un delito, mientras que en 12 estados ya no lo es.
Se trata de la Ciudad de México; Oaxaca; Hidalgo; Coahuila; Veracruz; Baja California; Colima; Sinaloa; Guerrero; Baja California Sur; Quintana Roo y Aguascalientes, aunque este último lo hizo por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los demás por iniciativa de sus congresos locales.
Por tal motivo, Cinayini Carrasco, directora del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), reprobó la postura del Congreso local, cuyo desempeño lo calificó como “pobre” por evadir legislar en materia de derechos humanos.
En entrevista destacó que es necesaria la despenalización, pero celebró que por fin se pueda acceder a la operación en siete hospitales, aunque las personas interesadas tengan que acudir a organizaciones como el Odesyr para que intercedan con la realización del trámite ante la Secretaria de Salud.
Las siete unidades médicas que ya ofrecen el servicio son: el Hospital de la Mujer; las clínicas del Issste en Tehuacán, Teziutlán y Huauchinango; el Hospital General de Zona número 20 del IMSS “La Margarita”; el Hospital General de Zona número 35 “Cuautlancingo”; así como el Hospital de Especialidades del Issstep.