Más de medio año después de denunciarse los hoyos financieros por 1 mil 322 millones de pesos provocados por la administración del difunto exgobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, no existen carpetas de investigación ni denuncias en contra de exfuncionarios, pues la Secretaría de la Función Pública (SFP) continúa con la investigación.
El titular de la dependencia, Juan Carlos Moreno Valle Abdala, reconoció este martes que no hay procesos administrativos abiertos sobre exservidores públicos, ya que todavía no hay claridad sobre los resultados de las indagatorias, pese a que renunció desde junio la exsecretaria de Planeación y Finanzas, María Teresa Castro Corro.
En rueda de prensa con el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, el secretario admitió que el proceso de investigación seguirá por tiempo indefinido y luego se fincarán responsabilidades, en caso de que se detecte la probable participación de alguien.
Por ello aceptó que no se podrá conocer avances de las pesquisas antes de que concluya este año, como se aseguró hace unos meses, luego de revelarse el aparente daño patrimonial.
El posible quebranto al erario del estado asciende a 1 mil 322 millones de pesos, debido a una fallida inversión en Accendo Banco, que se declaró en quiebra, y un crédito fiscal que se tiene con el SAT por no cubrir el Impuesto sobre la Renta (ISR).
NADA EN CONCRETO
Sin abundar en detalles, Moreno Valle Abdala dijo que ambos casos siguen indagándose sin que hasta ahora se sospeche de alguien de la dependencia encargada de administrar los recursos del estado.
“El tema de Accendo sigue en investigación, por lo cual no se ha integrado ni una carpeta de presunta responsabilidad administrativa, y en el tema del crédito fiscal, también se encuentra en esa misma etapa”, refirió.
El pasado 28 de noviembre la actual secretaria de Planeación y Finanzas, Josefina Morales Guerrero, reveló que su antecesora continúa dando contestación a los requerimientos que le son formulados como parte de las indagatorias
Ella reveló que incluso no había concluido el análisis de las observaciones del proceso entrega-recepción, pero que Castro Corro no había comparecido personalmente porque no era necesario, pero sostuvo que ha colaborado con la entrega de información.
El actual gobierno de Céspedes Peregrina ha ventilado en total tres probables daños patrimoniales que suman un total de 3 mil 922.3 millones de pesos, dos del gobierno de Barbosa Huerta y uno del también difunto exgobernador Rafael Moreno Valle.
El crédito fiscal con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es de 722.3 millones de pesos y se produjo porque el gobierno de Miguel Barbosa y el interino de Guillermo Pacheco Pulido calcularon mal cuánto debía pagarse de ISR por todo el personal burocrático.
Al momento de declarar los impuestos no se tomó en cuenta la retención proporcional de la despensa que recibió el personal, de enero a diciembre de 2019 y de mayo a diciembre de 2020, así que posteriormente el SAT reclamó el monto faltante.
El caso de Accendo derivó en la renuncia de Castro Corro en junio pasado, luego de comparecer ante el Congreso del estado, donde reconoció que no hay garantía de que se pueda recuperar el dinero porque hay más de 300 acreedores.
PACTOS DUDOSOS
También reveló que el gobierno del fallecido Barbosa realizó operaciones por más de 6 mil millones de pesos con el mismo banco antes de quebrar, pues defendió que era una institución seria y segura, aunque la última inversión, hecha en junio de 2021, ya no se pudo recuperar porque tres meses después llegó la quiebra y luego el proceso de liquidación.
Otros 2 mil 600 millones de pesos corresponden a un boquete financiero atribuido al gobierno de Rafael Moreno Valle, provocado también por pagar al SAT menos ISR del que se debía, pero se alcanzó esa cifra porque, en vez de pagarlo, el gobierno morenovallista prefirió litigar el crédito fiscal con la intención de reducir el monto, pero perdió el caso y al adeudo original se sumaron los intereses generados durante el juicio.
Para contrarrestar los efectos al erario, Céspedes Peregrina anunció hace unos meses que se logró renegociar con el SAT para reducir los créditos fiscales, aunque los recursos de la fallida inversión en Accendo muy difícilmente se recuperarán.