La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Puebla impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el cobro de parquímetros en 20 municipios, incluido Puebla.
En la capital, el costo de la hora y fracción de este servicio es de 5 pesos. Actualmente los cajones de los parquímetros están delimitados por rayas pintadas y el pago es a través de la aplicación Parkimovil.
En Acatlán de Osorio se cobra 11.50 pesos la hora. En Atlixco cuesta 7.15 pesos, en Chignahuapan 6.30 pesos y en San Pedro Cholula 6.00 pesos.
El costo por hora en Tecamachalco es de 8.60 pesos, mientras que en Tepeaca cobran 15 pesos, en Zacapoaxtla 9.90 pesos, en Ciudad Serdán 12.50 pesos y en Huejotzingo 12.50.
En Amozoc este servicio tiene un costo de 14.50 pesos por hora, mientras que en Chignautla 24 pesos, en Ocoyucan 5.95 pesos, mientras que en San Martín Texmelucan también cuesta 9.05 pesos la hora.
En San Andrés Cholula cobran 7.75 pesos por cajón y por hora, en Huauchinango cuesta 7.00 pesos la hora o fracción superior a 30 minutos, así como 4 pesos por fracción hasta de 30 minutos.
En Teziutlán la hora de parquímetro cuesta 13 pesos y se puede pagar 975.50 pesos como pago mensual por cada vehículo particular.
En Xicotepec vale 5 pesos la hora y 3 pesos solo 30 minutos, en Tlatlauquitepec 8 pesos por cajón, hora o fracción. Así como en Zacatlán cuesta 6.00 pesos el cajón, hora o fracción.
CDH logró suspender cobro en 2023
No es la primera vez que Félix Vélez Cerezo, titular de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, interpone una acción de inconstitucionalidad contra el cobro de parquímetros.
El 11 de septiembre el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el cobro de los parquímetros en Puebla capital.
En la acción de inconstitucionalidad 22/2021, la Suprema Corte consideró que se violaron los principios de legalidad tributaria y seguridad jurídica.
La razón fue que en la Ley de Ingresos municipal no se especificaba la temporalidad a la que correspondían las cuotas.
La Suprema Corte consideró que se transgredió el derecho de seguridad jurídica de los contribuyentes, porque no existía la certeza del pago que debían realizar.
El cobro fue suspendido el 28 de septiembre y reanudado meses después, luego de que el Congreso local corrigiera la falla.
Por Paola Macuitl Gallardo