El 16 de febrero entró en vigor una reforma para que el gobierno de Puebla tenga nuevos lineamientos en el proceso de entrega-recepción, en el que obliga a un reporte sobre las gestiones salientes.
Se trata de una reforma a la Ley que Establece los Procedimientos de Entrega-Recepción en los Poderes Públicos, Ayuntamientos, Órganos Constitucionalmente Autónomos y Públicos Paraestatales de la Administración Pública.
Es una iniciativa enviada por el gobernador Sergio Salomón, que fue aprobada el 1 de febrero.
La reforma contempla la integración de algunos términos como “acto de Entrega-Recepción Institucional”, “Gestión Saliente”, “Gestión Entrante” e “Informe de la Gestión Institucional”.
De igual forma, incorporó un capítulo con reglas específicas para llevar a cabo el proceso, entre dichas normas están la expedición de un informe de entrega-recepción institucional al término de cada gestión que será entregado a la gestión entrante.
Además, Órganos Internos de Control podrán implementar el uso de sistemas informáticos o cualquier herramienta tecnológica para mejorar el proceso.
En el caso específico del Ejecutivo, deberá entregar un informe de gestión institucional al Congreso de Puebla, a través de la Secretaría de Gobernación.
Además, la reforma plantea la instalación de una Comisión de Transición que será integrada por las personas servidoras públicas designadas por el titular del Poder Ejecutivo.
Previo a la aprobación, fue dictaminada por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, presidida por la diputada Mónica Silva Ruiz quien señaló la importancia de esta modificación: “resulta indispensable contar con una ley que establezca los procedimientos de entrega-recepción de manera fortalecida que dote a las personas servidoras públicas de las herramientas necesarias para una transición ordenada”.