El líder de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Puebla, Leobardo Soto Martínez, confirmó que ya se hicieron peticiones al Congreso de la Unión y a los gobiernos estatal y federal, para que las oficinas de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCyA) no sean cerradas en Puebla, ya que ocasionará problemas a quienes tienen casos ahí.
Indicó que hasta las familias de obreros fallecidos resultarán afectados, debido a que sus pensiones no han sido resueltas.
“Hay compañeros que ya no tienen sus piernas, que ya no tienen sus brazos o con enfermedades crónicas muy avanzadas y que les han negado su pensión; hay trabajadores que se han accidentado y lleva su juicio más de cinco años y, con esta situación, va a ser más complicado que logren un laudo a su favor”.
Reveló que el lunes 24 de junio, abogados enviaron un escrito a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Unión para darles a conocer las afectaciones al sector laboral en Puebla, de cerrarse la Junta para trasladar sus asuntos a Tlaxcala y Oaxaca.
Leobardo Soto Martínez también detalló que tuvo comunicación con el gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, para solicitarle su apoyo en esta situación.
Destacó que la CTM Puebla realiza gestiones con la dirigencia nacional, a cargo de Carlos Aceves del Olmo, quién ya solicitó una reunión con el secretario del Trabajo federal, Marath Baruch Bolaños López, para argumentar en contra del cierre.
“Espero que dialoguemos y lleguemos a acuerdos, hay buenas propuestas por parte de los abogados como ampliar a dos Colegiados de Circuito en Puebla para que las resoluciones se resuelvan más pronto; aumentar el personal de la Junta; tenemos una infraestructura mejor que en Oaxaca, mejor que en Tlaxcala para que esto se dé y se mantengan las resoluciones en Puebla”.
El líder de la CTM Puebla confío en las gestiones que se realizan en distintos frentes y en la sensibilidad de las autoridades federales para que no se lleven los expedientes a otros estados, ya que “sería muy lamentable” para miles de trabajadores que tienen litigios abiertos desde hace varios años y que dependen de las resoluciones.
Por: Arturo Cravioto