El Gobierno de Puebla agotará todas las instancias legales luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó firme la orden de pago de indemnización por más de 640 millones de pesos a la empresa Melgarejo Construcción y Concesiones S.A. de C.V., que fue contratada para construir un libramiento para la autopista Puebla-México, cercano al municipio de Huejotzingo, mismo que también podría operar por 30 años.
La obra fue firmada en la administración estatal de 2009, sin embargo, bajo la excusa de que no hubo avances en la misma, fue revocado el contrato tres años después.
En 2022, la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa de Puebla le dio la razón a la empresa y ordenó el pago de la indemnización.
Este conflicto derivó en que el pasado 12 de junio, los ministros de la SCJN resolvieron desechar la revisión del amparo interpuesto por el Gobierno estatal.
Por ello, el gobernador Sergio Salomón Céspedes afirmó que agotarán todas las instancias legales: “Todavía no está en firme, seguimos peleando ese tema; es una lástima que la Corte haya actuado así”, pues consideró que no se realizó un “cálculo adecuado” de esta indemnización.
Aseguró que “el Estado tiene la razón y habrá que analizarlo de mucho fondo”, por lo que comentó que ha estado atento al caso e incluso acudió a la Ciudad de México a presenciar los alegatos en el caso, y no previeron el voto en contra de los ministros.
“No contábamos con esa votación en contra, no es correcto, creo que hay violaciones”, dijo el titular del Poder Ejecutivo del estado de Puebla, en una breve entrevista.
Términos y condiciones
De acuerdo con una nota informativa difundida la semana pasada por la ministra de la SCJN, Lenia Batres Guadarrama, Melgarejo Construcción y Concesiones S.A. de C.V. obtuvo la adjudicación de la obra en marzo de 2009, y los términos del contrato incluían una inversión de más de 640 millones de pesos y los derechos para explotar la vía por 30 años.
En junio de 2012, el Gobierno de Puebla, ya bajo la administración de Rafael Moreno Valle Rosas, decidió quitarle la concesión por la falta de avance en la obra, lo que dio inicio al conflicto legal entre ambas partes.
“La empresa solicitó el pago de una indemnización y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del título de concesión, petición ante la cual no hubo reacción, por lo que promovió un juicio ante la Cuarta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa local que declaró la negativa ficta, es decir, que ante la falta de respuesta de la autoridad, se debería dar la razón a la demandante”.
La ministra criticó, en su cuenta en la red social X, que “la Segunda Sala de la SCJN dejó firme la ominosa sentencia que dio la razón a una empresa que pretende cobrar una indemnización millonaria al Gobierno del Estado de Puebla por una obra contratada en 2009 que nunca concluyó”.
Por: PAOLA MACUITL GALLARDO