Aunque se reporta estable, Augusto Simón Valencia recibió varios golpes en la cara con botellas de vidrio, por parte de seis hombres.

Augusto Simón Valencia, reportero de nota roja en el municipio de Tecamachalco, propietario del portal de noticias 7/24 y corresponsal de Ambas Manos, fue brutalmente agredido por un grupo de seis individuos frente a su casa en Tochtepec, la madrugada del 20 de junio.

De acuerdo con su portal informativo, a pesar de contar con medidas cautelares a nivel federal, Augusto fue agredido en su propio domicilio.

Los agresores le propinaron golpes con botellas hasta provocarle heridas considerables que le ocasionaron una considerable pérdida de sangre.

Hasta ahora, su estado de salud se reporta como estable y logró proporcionar su testimonio ante las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).

En tanto, el Colectivo Nacional de Alerta Temprana de Periodistas y Activistas (Conapa) emitió un llamado al gobernador Sergio Salomón Céspedes ante, lo que calificó como un intento de homicidio contra Simón Valencia.

“Teniendo medidas cautelares a nivel federal, intentan asesinar a las puertas de su domicilio al periodista. Fue atacado por un grupo de seis sujetos en su ejercicio periodístico”.

El Conapa resalta que el ataque ocurre en la zona conocida como Triángulo rojo, que comprende los municipios del centro-sur del estado, como Tepeaca, Palmar de Bravo, Tecamachalco y Acatzingo, donde operan bandas dedicadas al robo de combustible y el narcomenudeo, principalmente.

Cabe recordar que, entre los años 2022 y 2023, el estado de Puebla pasó del séptimo al tercer lugar nacional en el número de agresiones contra periodistas.

El año pasado, la entidad poblana registró 38 casos, antecedida por Guerrero con 48 y la Ciudad de México con 115 ataques, de acuerdo con datos de la organización Artículo 19.

En su informe Derechos Pendientes, señala que la libertad de expresión es de los problemas más graves del actual gobierno federal, resaltando la violencia contra la prensa, la discrecionalidad en la asignación de publicidad oficial y la falta de garantías para el derecho a la verdad de las víctimas.

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