En un ambiente cada vez más tenso, la activista Tamara López cuestionó la respuesta de las autoridades ante las protestas surgidas tras el proceso electoral en San Pedro Cholula. Durante una rueda de prensa, López hizo un llamado directo al gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, y al gobernador electo, Alejandro Armenta, exhortándolos a no criminalizar las manifestaciones ciudadanas ni desestimar las demandas de la población cholulteca.

“Quienes piensan que levantar la voz y cuestionar un proceso electoral es violencia, tienen una idea distorsionada de la política”, afirmó López, subrayando que la disidencia y la exigencia de transparencia son pilares fundamentales en una democracia saludable. Según la activista, los reclamos surgidos en San Pedro Cholula no son solo legítimos, sino que son señales de una ciudadanía comprometida con la justicia y la transparencia.

López también dirigió sus palabras a la excandidata Tonantzin Fernández, sugiriendo que su discurso de violencia carece de fundamentos claros. “Si Fernández tuviera evidencias de violencia, ya habría presentado las denuncias correspondientes”, señaló, añadiendo que esta lucha no debe interpretarse como una cuestión personal, sino como un ejercicio de justicia.

Teresa Reyes, otra figura destacada en la conferencia, reafirmó el compromiso ciudadano que se evidenció durante las elecciones y los eventos posteriores. “Los cholultecas vivieron una gran participación ciudadana y fueron testigos de las anomalías que se presentaron durante la campaña, en el conteo y los resultados”, indicó Reyes, haciendo énfasis en que minimizar estas demandas es un acto que atenta contra la democracia misma. “Respeten nuestro voto ciudadano, las autoridades anulan la democracia cuando minimizan y desestiman nuestra exigencia y participación en San Pedro Cholula”, agregó con firmeza.

La convocatoria organizada por el colectivo atrajo a un número significativo de periodistas y ciudadanos, quienes mostraron su apoyo a la causa. En un contexto donde el proceso electoral continúa siendo motivo de controversia, la presión sobre las autoridades locales para dar respuestas claras y justas parece no disminuir.

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