En una sesión clave para la seguridad de los poblanos, la Comisión Permanente del Congreso del Estado de Puebla aprobó un acuerdo que busca fortalecer la vigilancia y prevención ante la inminente temporada de lluvias. El exhorto, promovido por la diputada Eliana Angélica Cervantes González, solicita a los 217 Ayuntamientos de la entidad reforzar el monitoreo de puntos considerados de alto riesgo, como carreteras, caminos, cerros, presas y barrancas. La medida, que fue turnada a la Comisión de Protección Civil para su estudio, resalta la importancia de la coordinación entre autoridades locales y estatales para mitigar posibles desastres.
Cervantes González subrayó la necesidad de mantener una comunicación fluida y constante con la Coordinación General de Protección Civil del Gobierno del Estado, especialmente en una temporada de huracanes que podría ser particularmente intensa. La propuesta insta a los Ayuntamientos a colaborar estrechamente con la Coordinación General en la supervisión de zonas vulnerables a inundaciones, desbordes de ríos y deslaves, así como en la concientización de la población y la planificación de albergues temporales para posibles evacuaciones.
En la misma sesión, se abordaron otros temas de relevancia para el estado. La diputada Mónica Silva Ruiz presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Movilidad y Transporte a revisar y ampliar la capacidad del transporte público en la Zona Metropolitana de Puebla-Tlaxcala, un asunto que fue turnado a la Comisión de Transportes y Movilidad para su análisis.
Asimismo, Eliana Angélica Cervantes González presentó dos iniciativas adicionales. La primera propone reformar la Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Puebla para armonizarla con la legislación federal en cuanto al reconocimiento de pueblos, comunidades indígenas y afromexicanas. Esta iniciativa fue enviada a la Comisión de Desarrollo Rural para su estudio. La segunda, que busca modificar el Código Penal del estado para endurecer las sanciones relacionadas con el robo y comercialización de agua potable, fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.
Estas iniciativas reflejan un enfoque integral por parte del Congreso local para abordar tanto las necesidades inmediatas de seguridad y transporte, como las cuestiones estructurales que afectan a largo plazo a la población.
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