El gobierno de Sergio Salomón, a través de la Secretaría de Gobernación SEGOB, llevó a cabo el “Taller de Planeación Estratégica Municipal 2024”. Este taller, dirigido a 37 ediles electos y en funciones, abarcó los distritos de Acatlán de Osorio (23), Tehuacán (24 y 25) y Ajalpan (26), con el fin de proporcionar herramientas que promuevan una transición transparente y ordenada.


El secretario de Gobernación, Javier Aquino Limón, acompañado de funcionarios estatales, subrayó que estos ejercicios buscan transmitir conocimientos en diversos rubros, incluyendo la nueva Ley de Movilidad y Transporte, que aborda la regularización de tarifas en el uso de grúas y corralones.


“Con este cuarto foro regional, el gobierno estatal fortalece a los ayuntamientos mediante asesoría y acompañamiento de organismos trascendentales para su correcta función, como la Auditoría Superior del Estado, el Sistema Estatal Anticorrupción, el Consejo Estatal de Seguridad Pública, así como las secretarías de Gobernación, de Planeación y Finanzas, y de Movilidad y Transporte”, destacó Aquino Limón.


Durante el evento, se entregaron 14 títulos de propiedad del Programa de Regularización de Predios Rústicos, Urbanos y Suburbanos, destinados a servicios públicos como palacios municipales, mercados, canchas de usos múltiples y panteones. Los municipios beneficiados fueron Ajalpan, Caltepec, Coxcatlán, San Gabriel Chilac, Miahuatlán, Tepanco de López y Zinacatepec.

Nuevas tarifas para el arrastre de vehículos en 2024


En respuesta a las numerosas quejas ciudadanas por las arbitrariedades en el servicio de arrastre de vehículos, el Congreso del Estado de Puebla ha aprobado una reforma para la Secretaría de Movilidad y Transporte regule estas tarifas. La iniciativa, enviada por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, fue aprobada con 40 votos a favor.


Para el año 2024, las tarifas vigentes serán las siguientes:


-Servicio de arrastre: de 631 a 1.057 pesos.
-Abanderamiento y custodia: de 60 a 719 pesos.
Esta reforma tiene como objetivo brindar transparencia y justicia en los costos asociados al arrastre de vehículos, una demanda recurrente de los ciudadanos que han experimentado abusos en este servicio. Con la regulación de estas tarifas, se busca proteger a los usuarios y garantizar que los precios sean justos y razonables.

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