Margaret Satterthwaite, relatora especial para la independencia de jueces y abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pidió al Gobierno mexicano reconsiderar la propuesta de reforma judicial y garantizar la independencia de los juzgadores.
En su cuenta de X, indicó que “mientras la última propuesta de reforma judicial se somete a votación en la Comisión hoy, reitero mis profundas preocupaciones sobre sus amplias implicaciones para la independencia judicial en todo #México. Insto a las autoridades a reconsiderar detenidamente la propuesta, dando el peso adecuado a la garantía de derechos humanos de la independencia judicial”.
Hace unos días, la relatora de Naciones Unidas alertó que la elección de jueces y magistrados por voto popular significa un riesgo para la independencia del Poder Judicial.
De acuerdo con una carta de Margaret Satterthwait, relatora especial para la independencia de jueces y abogados, enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador, se señala que es preocupante la propuesta de reforma al Poder Judicial y le pide aclarar varias dudas sobre la propuesta.
El mandatario debe indicar a la ONU si “las medidas tomadas para asegurar que las reformas legislativas materia de la presente cumplen con los estándares internacionales y proveen un procedimiento de selección judicial no politizado, basado exclusivamente en los méritos y calificaciones de los candidatos, con mecanismos efectivos de supervisión”.
Otra de las preguntas para AMLO fue que “indique las medidas adoptadas para garantizar la independencia de jueces y magistrados en el país, permitiéndoles ejercer sus funciones de forma libre de interferencias de otros poderes”.
El organismo dependiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU indica que “la elección popular de jueces podría incrementar el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección, en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en principios y normas jurídicas”.
La elección de juzgadores “supone riesgos significativos para la imparcialidad de las decisiones judiciales y podrían socavar aún más la confianza pública en una judicatura que ya enfrentaría desafíos relacionados con su reputación e integridad. Este riesgo es especialmente plausible dado que la reforma no establece procedimientos para la conducta que deberá observarse en las campañas”.