José Francisco N. de 59 años y Blanca Patricia N. de 61 años fueron vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de violencia familiar agravada de tipo vicaria y sustracción de menores de sus tres nietos.
De acuerdo a las investigaciones, la víctima vivió en concubinato durante cinco años con Erick N., con quien procreó tres hijas.
En junio de 2023, la ex pareja de la víctima fue detenido por violencia familiar, desde ese momento, José Francisco N. y Blanca Patricia N., abuelos paternos de las menores de 4, 2 y 1 año de edad, las retuvieron y ocultaron de su madre.
El 21 de julio de 2024, agentes investigadores cumplieron orden de aprehensión contra ambos imputados, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial.
En audiencia, la Fiscalía de Puebla expuso datos probatorios y logró que se dictara auto de vinculación a proceso contra José Francisco N. y Blanca Patricia N., quienes permanecerán con la medida cautelar de prisión preventiva hasta que concluya la investigación complementaria.
Cabe señalar que el 15 de julio del 2022 los diputados locales aprobaron en Puebla la Ley Vicaria, la cual dicta que se debe sancionar con 11 años de cárcel a los hombres que utilizan a los hijos como medio para dañar, controlar, intimidar o ejercer poder sobre su pareja o expareja.
A dos años de su implementación, sólo cinco mujeres han logrado vinculación a proceso en contra de sus ex parejas..
En julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió el primer caso de violencia vicaria que llega a esa instancia.
La violencia vicaria es aquella violencia que se ejerce sobre las hijas e hijos, abuelos maternos, hermanos o familiares y círculos afectivos de una mujer para herirla, afectarla o causarle algún trauma psicológico.
Esta forma de violencia es un concepto acuñado y definido por Sonia Vaccaro en 2012 como una “violencia desplazada”, en la que aunque el fin último es herir a una mujer, se utiliza a sus hijos e hijas con ese propósito.