La reforma judicial, vigente desde el lunes pasado, eliminó la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que ha emitido un cúmulo de sentencias sobre violaciones a la Constitución y uso indebido de recursos públicos por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Sala Especializada desapareció desde la entrada en vigor del decreto, pero tiene vida artificial hasta septiembre de 2025, cuando sus funciones serán absorbidas por la Sala Superior del mismo Tribunal.
La reforma, impulsada por la autoproclamada Cuarta Transformación, dio un trato desigual a los magistrados electorales, pues mientras a los de la Sala Superior les amplió sus periodos hasta 2027 y les encomendó la calificación de la elección de jueces, magistrados y ministros, a los de la Sala Especializada los despidió y disolvió ese órgano.
Dicho Tribunal Electoral ha emitido, en el periodo 2019-2024, al menos una veintena de sentencias en las que se acreditó que López Obrador violó la Constitución, principalmente los artículos 41 y 134.
Desde principios de 2023, con la reforma electoral -conocida como Plan B- que fue anulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Presidente buscó eliminar la Sala Especializada.
El deseo del titular del Ejecutivo se cumplió antes de culminar su sexenio, pues con la supermayoría de Morena y aliados la semana pasada se aprobaron los cambios constitucionales y entraron en vigor desde el 16 de septiembre, con lo que ese órgano, que se encarga de revisar los Procesos Especiales Sancionadores, relacionados con propaganda ilegal, actos anticipados de campaña y violaciones a la neutralidad de los comicios, fue eliminado.
Entre 2019 y lo que va de 2024, al menos 20 sentencias de la Sala Especializada han determinado la responsabilidad directa del Presidente en violaciones a la Constitución, lo que lo dejará con la etiqueta del mandatario nacional que más ha violado la Carta Magna.
En sus resoluciones, los magistrados han explicado que al no tener un superior jerárquico, el Presidente se queda sin ningún tipo de sanción y solo quedan las sentencias como documentos probatorios de que cometió esas faltas.
Las resoluciones también contienen mandatos para que el Órgano Interno de Control de la Presidencia de la República abra investigaciones por la presunción del uso de recursos financieros y humanos para vulnerar la equidad y neutralidad de las elecciones desde la conferencia mañanera, así como en informes del mandatario.
Lo anterior, porque López Obrador en reiteradas ocasiones ha emitido posicionamientos sobre partidos y candidatos, así como propaganda gubernamental, en periodo prohibido por la Constitución.
Además, la Sala Especializada ha ordenado a la Presidencia publicar en sus redes sociales los extractos de las sentencias en las que se acredita las infracciones.
En marzo de 2023, el Presidente criticó que se le haya ordenado publicar en las redes sociales oficiales dicha sentencia, pues, de no hacerlo, dijo que Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social, y Martha Jessica Ramírez González, directora de Comunicación Digital, podrían ser arrestados.
La exmagistrada de la Sala Especializada, Gabriela Villafuerte, escribió en su cuenta de X que “desaparecer la Sala Especializada es un desacierto, dejaría un hueco claro en la impartición de la justicia electoral. El procedimiento sancionador es perfectible, requiere ajustes en todas las instancias, pero es fundamental darle un orden y cauce a los comicios”.