El Congreso del Estado de Puebla se sumó a la aprobación del dictamen con minuta de Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial.
En el contenido del dictamen se establece una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mejorando la eficiencia, austeridad y transparencia del máximo tribunal, a través de la elección popular de ministros, magistrados y jueces, así como la sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por órganos administrativos disciplinarios independientes y nuevas reglas procesales.
En Sesión Extraordinaria de la LXI Legislatura, la Mesa Directiva dio lectura al dictamen, en el que se precisan los periodos que durarán ministros, magistrados y jueces en sus cargos, así como los requisitos que deben cumplir para ser elegibles, el proceso para su elección y los plazos en los que aplicarán las reformas.
Durante la discusión del dictamen, el diputado José Miguel Espinosa de los Monteros Gil, así como las diputadas Nancy Jiménez Morales y Mónica Rodríguez Della Vecchia se pronunciaron en contra de la reforma al señalar que no representa una mejora en el sistema judicial, pues se requiere de profesionalización en estos cargos y las modificaciones no abonan de forma directa en una adecuada impartición de justicia para las y los ciudadanos.
En tanto, las diputadas Guadalupe Leal Rodríguez y Karla Rodríguez Palacios, también se pronunciaron en contra del dictamen y pusieron énfasis en que la reforma no atiende las necesidades ciudadanas y tampoco los derechos humanos, por el contrario, implica un retroceso y compromete la autonomía del Poder Judicial.
Tras la aprobación del dictamen, por mayoría de votos, la minuta se envió a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión para efectos de lo que dispone el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por otra parte, el Pleno de la LXI Legislatura aprobó el dictamen mediante el cual se reforma la Ley del Primer Empleo del Estado de Puebla, el cual tiene la finalidad de combatir la discriminación laboral a personas en situación vulnerable y de pueblos y comunidades indígenas.
Mediante las reformas, se pretende que los patrones que contraten a trabajadores en su primer empleo observen criterios de inclusión, con el fin de evitar la discriminación laboral y dar la oportunidad a personas de los pueblos y comunidades indígenas, así como a los grupos vulnerables de la entidad.