Fue el 30 de diciembre de 2019 cuando la atlixquense Nicora Madelene desapareció, mientras caminaba en las inmediaciones de la colonia Ricardo Flores Magón, cerca del Zócalo de Atlixco. Desde entonces, los familiares de Nicora siguen sin dar con su paradero.
La denuncia para que las autoridades comenzaran con la búsqueda fue presentada por los familiares desde el 1 de enero del 2020, pero no fue hasta cuatro años después que las autoridades encontraron al presunto culpable.
Según la carpeta de investigación elaborada por la Fiscalía General del Estado (FGE), Juan Armando N, quien era su pareja, la privó de su libertad al retenerla en su domicilio, el 29 de diciembre del 2019.
Las autoridades le dictaron sentencia al acusado cuatro años después de la desaparición de Nicora, al recibir una pena de 42 años de cárcel.No obstante, los familiares de la atlixquense continúan sin encontrar consuelo.
La desaparición de Nicora estuvo rodeada de diversas especulaciones, debido a esto, el equipo oficial de búsqueda de personas de la FGE visitó el domicilio en donde vivía Nicora con Juan Armando ‘N’.
La primera revisión se realizó un 14 de febrero del 2020 y la segunda dos años después, en mayo de 2022. A pesar de las excavaciones con maquinaria pesada, las autoridades no encontraron ningún indicio del cuerpo.
Nicora Madelene desapareció con 29 años de edad. Entre sus señas particulares destaca una cicatriz entre las cejas, estatura de 1.57 metros de altura, cabello rubio, largo y lacio.
Según el registro oficial de la Comisión de Personas del Estado de Puebla, el municipio de Atlixco ocupa el quinto lugar a nivel estatal por desaparición, donde se reportan 50 personas no localizadas, de las cuáles 37 son hombres y 20 mujeres.
LEY DE AUSENCIA
El pasado viernes 30 de agosto, durante una sesión extraordinaria de la LIX Legislatura del Congreso de Puebla, se aprobó la Ley Especial de Declaración de Ausencia por Desaparición de Personas, para garantizar los derechos humanos de las víctimas por desaparición forzada.
Esto, tras las exigencias de colectivos como Voz de los Desaparecidos, a cargo de María Luisa Nuñez, quienes pidieron en reiteradas ocasiones la aprobación de dicha iniciativa.
Mediante esta ley, se garantiza la patria potestad de los hijos de la persona desaparecida, con la protección de los derechos y bienes de sus hijos, mediante el reconocimiento de los derechos de guarda y custodia.
Asimismo, se protege el patrimonio de la persona desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito o sujetos a hipoteca; los familiares podrán acceder al patrimonio y así como los beneficios correspondientes al régimen de seguridad social derivado de una relación de trabajo.