Pablo Ruiz Meza
Militarizar la seguridad,
un lastre para la justicia
Uno de los objetivos de la independencia y autonomía de las fiscalías generales, que dejaron de ser procuradurías generales de justicia, permitiría, entre otras cosas, que el Poder Ejecutivo federal y de los estados no tuvieran el monopolio y control de los ministerios públicos.
Los temidos policías judiciales se profesionalizaron modificando los requisitos para convertirse en policías ministeriales, con funciones como investigadores para convertirse en auxiliares del Ministerio Público, para tener mayor certeza jurídica en la procuración de justicia.
Los policías ministeriales capacitados son una garantía para que los ministerios públicos presentaran pruebas documentadas técnicas y científico criminalísticas para consignar ante los jueces a los presuntos responsables de delitos, y evitar así fallas y errores en las consignaciones.
Ante el fenómeno de la llamada “puerta giratoria” por errores de procedimiento de los policías en los delitos del fuero común y federal, que capturaban a los presuntos delincuentes y eran dejados en libertad por errores en las consignaciones, se insistió en la profesionalización.
Las fallas, omisiones y errores en la recolección de evidencias y pruebas contra los detenidos, los mismo ocurría con policías ministeriales, pero han sido más evidentes con los policías preventivos, tanto estatales como municipales.
La falta de preparación y escolaridad de los policías encargados de las investigaciones y preventivos ante hechos delictivos, se hizo más urgente con la implementación del sistema de los juicios orales.
Una de las preocupaciones de entonces, con la introducción del sistema de juicios orales, era que muchos policías preventivos no sabían ni escribir, muchos menos tener conocimientos básicos, y en muchos casos hasta con errores para presentar a infractores ante los juzgados calificadores.
Ante la evidente mala preparación de las policías, los abogados, en el caso de los penalistas, con la mano en la cintura le ganaban los casos a los ministerios públicos por las omisiones y yerros por la pésima preparación de los policías, lo que hizo de la “puerta giratoria” una ventaja para los presuntos delincuentes para regresar a las calles a delinquir.
Ante la ineficiencia gubernamental en la formación de policías preventivos y la profesionalización de los agentes investigadores de los ministerios públicos, ha sido muy fácil para los gobernantes acusar a los jueces de “corruptos” por “liberar a delincuentes”.
El discurso oficial del gobierno federal para favorecer la reforma judicial atacando a los juzgadores, es solo una cortada para hacerse del control del Poder Judicial federal y de los estados.
Porque justamente fue el Poder Ejecutivo federal quien eliminó recursos para la seguridad pública en los presupuestos de egresos, no solo en equipamiento y armamento, sino en la formación de policías eficientes, y lo mismo ocurrió en la federación, los estados y municipios.
Al reformarse la constitución por el oficialismo al militarizar la Guardia Nacional y darle funciones a las fuerzas castrenses como coadyuvantes de los ministerios públicos, es una barbaridad que traerá altos costos en la procuración de justicia, la persecución de delitos y en la prevención.
Los militares formados en tareas propias de las fuerzas armadas, de acuerdo a la Carta Magna, convertirlos en agentes investigadores y auxiliares de los ministerios públicos, es un verdadero despropósito y una locura que tendrá altos costos a la república, teniendo el oficialismo también el control de jueces y magistrados federales y de los estados.