Un total de 8 mil 222 elementos policiacos patrullan el territorio estatal, de los cuales, el 87 por ciento cuenta con las pruebas de control y confianza, mientras que el 13 por ciento está por revalidarlas.
Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad Pública del estado (SSP), Daniel Iván Cruz Luna, quien explicó que dichos exámenes tienen una vigencia de tres años.
Además, puntualizó que recibieron la solicitud de 16 municipios para instalar el mando estatal en sus demarcaciones, para apoyar de manera operativa y administrativa al inicio de su administración.
Cruz Luna abundó que recibieron 167 solicitudes de las nuevas autoridades municipales para diferentes acciones, como la evaluación de sus mandos policiales.
Durante una rueda de prensa este lunes, el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, destacó que, a pesar del apoyo de su administración a los municipios, la obligación de brindar seguridad recae en los gobiernos locales, por lo que espera que establezcan acciones para incrementar su fuerza municipal.
“El tema es que el estado no supla la responsabilidad de los municipios, lo que estamos generando es un tema de apoyo y respaldo en llegada de los nuevos alcaldes”, puntualizó el mandatario.
Sentenció que el Gobierno estatal “no puede seguirles haciendo su trabajo, ellos tienen recursos destinados por parte de la federación para seguridad pública”.
Céspedes Peregrina adelantó que, al finalizar su gestión, dejará una Policía Estatal más reforzada, con la capacitación de elementos y los aspirantes que se inscriban en la convocatoria de ingreso a la corporación.
Además, erl gobernador poblano puntualizó que ningún elemento de la dependencia gana menos de 16 mil pesos.
De acuerdo con el Consejo Estatal de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las pruebas de control y confianza tienen un costo de 6 mil 175 pesos y se aplican en sedes como Amozoc, Huauchinango y Tehuacán.
Cabe recordar que la semana pasada, fueron acribillados dos elementos de la Policía Municipal de Xoxtla, quienes no contaban con las pruebas de control y confianza aprobadas, por lo que las autoridades estatales urgieron la certificación de los elementos.