La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) determinó el cierre definitivo de siete penales al interior del estado, ya que no cuentan con las condiciones necesarias para funcionar, así como por los daños registrados tras el sismo del 2017.
De acuerdo con una publicación del 30 de septiembre en el Periódico Oficial del Estado, los Centros de Readaptación Social (Cereso) que ya no se reabrirán son aquellos ubicados en los municipios de Atlixco, Chiautla de Tapia e Izúcar de Matamoros, los cuales se quedaron sin internos desde el sismo del 19 de septiembre de 2017, cuando se determinó su traslado al penal de San Miguel de la ciudad de Puebla, por lo que permanecen sin funcionar desde entonces.
En tanto, los Ceresos que cerrarán definitivamente son los ubicados en Tetela de Ocampo, que actualmente alberga a 43 reos; Tecali de Herrera, con una población de 18 internos; Chignahuapan, con 48 recursos y Zacatlán con 123 personas.
Dichos penales deberán concretar la reubicación de sus internos en otros centros de reinserción que garanticen sus derechos.
La SSP precisó que, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2022, los penales mencionados recibieron una calificación general de 5.02 puntos, en una escala del uno al 10.
“La actual problemática se encuentra basada en la sobrepoblación, hacinamiento, alimentación, falta de personal operativo, técnico, capacitación constante, principalmente en los Centros Penitenciarios Distritales, mismos que son administrados por los municipios donde se encuentra ubicados, lo que constituye uno de los desafíos más importantes para su atención, en virtud de que provocan un impacto negativo en el proceso de reinserción social”, se precisa en el Periódico Oficial.
En este sentido, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) otorgó una calificación general de 5.35 puntos para todas las cárceles de la entidad, de acuerdo con un diagnóstico elaborado en el año 2023.
En específico, el Centro Penitenciario de Zacatlán obtuvo un puntaje reprobatorio de 5.05, al presentar deficiencias en los servicios de salud, por carecer de un programa de prevención de violaciones a los derechos humanos, hacinamiento, por sus deficientes condiciones materiales e higiene y falta de capacitación del personal penitenciario, entre otros.
Otro penal que también obtuvo calificación reprobatoria fue el de Tetela de Ocampo, con 4.57 puntos, al no abonar a la reinserción social.
El Cereso de Chignahuapan obtuvo 6.04 puntos, principalmente por las deficiencias en la alimentación, en las condiciones de higiene, en servicios de salud y el hacinamiento de la población carcelaria.
Por último, la cárcel de Tecali de Herrera aprobó la evaluación de la CNDH con 6.01 puntos, aunque fue señalado por presentar las mismas carencias que los demás centros penitenciarios, así como en la atención a personas indígenas y en la prevención de adicciones.