GERARDO GUTIÉRREZ
Iniciamos el sexenio en un contexto de enorme incertidumbre política y económica, agudizada por las decisiones y las actitudes del Gobierno anterior en su recta final: tanto la apresurada aprobación de reformas que ponen en riesgo al Estado democrático de derecho como por cerrar con un serio deterioro del balance fiscal.
Todo cambio en la conducción de un país trae ventanas de oportunidad y esperanza que hay que tener bien ubicadas y aprovechar con visión y decisión. El que por primera vez en nuestra historia sea una mujer quien ocupa el máximo cargo del país, y la representación de todos, debería abonar a ello.
En seis años no hubo diálogo democrático con la oposición y los representantes de millones de mexicanos. Es necesario: vías de distensión y para sumar. El que se den dependerá de la vocación democrática y altura de miras del nuevo Gobierno, pero todos los mexicanos tenemos que procurarlo.
Los mexicanos no sólo debemos hacer votos para que nuestra Presidenta tenga éxito, sino comprometernos en ello. No en el sentido de la concentración de poder e imponer un proyecto: en el de unirnos para realmente avanzar en aspiraciones y oportunidades que compartimos, por encima de las diferencias políticas.
Seguridad y paz. Progreso económico y social acelerado, incluyente y sostenible. Fortalecer la democracia y el Estado de derecho para una organización y convivencia social fuertes. Educación y salud de calidad. Empleo y oportunidades para todos. Una economía con perspectiva de futuro, echada para delante.
Ante el reto de que el Estado cuente con ingresos en aumento y sostenible, y que así pueda fondear, de entrada, el modelo de pensiones no contributivas que está en la base del triunfo del partido oficialista, insostenible a mediano y largo plazos sin crecimiento económico y finanzas públicas sólidas.
Sin crecimiento y multiplicación de las empresas, y, con ello, del empleo, no habrá esos ingresos, ni posibilidad de que millones de mexicanos realmente salgan de la pobreza, más allá de depender de una asistencia gubernamental con bases fiscales precarias.
Ni el Gobierno anterior ni los previos avanzaron decididamente en el desafío de formalizar la economía y el empleo. Debería ser prioridad en este sexenio. Sin ello, tampoco podrán sostenerse las políticas de mejora salarial.
Deberíamos trabajar en consensos mínimos en dos agendas paralelas. Una de contención y una de desarrollo de largo plazo.
Además, tener una reforma sistémica al aparato civil de seguridad pública y procuración de justicia. Combate en serio a la impunidad y certeza jurídica para los ciudadanos.
Política industrial o de fomento como las que han desarrollado con éxito los países asiáticos. Maximizar la inversión y el aprovechamiento de la oportunidad del nearshoring y sectores estratégicos.
Reforma al sistema de salud y de seguridad social, ligada a la una verdadera reforma hacendaria: profesionalización del gasto y más recaudación a cambio de protección social, pensión y cobertura de salud universales.
Reestructuración de Pemex y CFE para que sean empresas viables, capaces de generar más valor a la nación en la economía del futuro, en vez de ser una carga.
Todo eso es posible. La pregunta, a todos, es si somos capaces de abrir juntos esas ventanas de oportunidad y responsabilidad para cambiar el encono y el deterioro, por unión y desarrollo.