La violencia generada por grupos del crimen organizado en México, especialmente en Sinaloa, Guerrero, Tabasco, Chiapas, Querétaro y Guanajuato, ha obligado a varios servidores públicos a solicitar seguridad personal a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA). Actualmente, esta dependencia brinda protección a seis funcionarios en todo el país.
Según la solicitud de información 330026424003024, realizada por 24 HORAS a la SEDENA, entre el 1 de junio de 2021 y octubre de 2024, un total de nueve servidores públicos pidieron protección del Ejército mexicano. Sin embargo, solo fueron autorizadas seis solicitudes.
Las solicitudes de protección fueron presentadas por cuatro fiscales estatales, tres diputados, un presidente municipal y un subsecretario de seguridad estatal. Sin embargo, los nombres de los gobernadores y legisladores que cuentan con protección son considerados información clasificada y no se pueden divulgar.
El expresidente Andrés Manuel López Obrador también recibe protección de las Fuerzas Armadas mientras se encuentra en su rancho en Palenque, Chiapas. Según la solicitud de información, López Obrador tiene un grupo de militares asignados para proporcionarle seguridad.
Además, la Secretaría de Marina informó que tres presidentas municipales reciben protección de las Fuerzas Armadas. Se trata de Edith Aguilar Villavicencio (Mulegé, Baja California Sur), Obdulia García López (Matías Romero, Oaxaca), y Juanita Obdulia Alonso (Cozumel, Quintana Roo).
El experto en seguridad nacional, René Cáceres, señaló que la protección a funcionarios públicos no es algo nuevo. Aunque antes era responsabilidad del Estado Mayor Presidencial, ahora recae en las Fuerzas Armadas, lo que explica las solicitudes de protección de diputados y presidentes municipales.
Cáceres también explicó que fiscales siempre han recibido seguridad debido a la peligrosidad de su cargo y que incluso, al concluir sus funciones, mantienen protección permanente debido a las amenazas derivadas de su trabajo.