El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, decretó la ley marcial, generando tensiones políticas y sociales. La medida fue revocada por el Parlamento en menos de 24 horas.
La ley suspendía actividades políticas, restringía medios y permitía detenciones sin orden judicial. Fue justificada como respuesta a una supuesta amenaza de “fuerzas pro-norcoreanas”.
El Parlamento, controlado por el opositor Partido Democrático, declaró la medida "nula y sin efecto". Ordenó retirar las fuerzas militares del recinto legislativo de inmediato.
El decreto coincidió con un conflicto presupuestario entre el Gobierno y el Parlamento, agravando las tensiones políticas. Esto expuso la dificultad del presidente para manejar las instituciones.
A nivel internacional, Estados Unidos expresó preocupación. Un representante de la Casa Blanca confirmó que no se informó previamente sobre esta decisión en Seúl.
La popularidad de Yoon, ya afectada por la inflación y escándalos personales, cayó aún más tras esta crisis. Anunció el levantamiento de la medida y prometió formalizar su abolición.
Este intento de proyectar liderazgo firme resultó en una crisis que podría dejar consecuencias duraderas en el escenario político surcoreano.
